La Junta de Andalucía revisará este verano caso por caso el horario laboral del personal de ayuda a la domicilio y elaborará antes de final de año un mapa de recursos para potenciar las zonas con más necesidad e identificar las que haya una saturación de servicios de dependencia. Esa es la hoja de ruta que esbozó la administración regional en el desarrollo de las jornadas Ética en la atención a personas vulnerables, que organizó ayer SARquavitae en el Centro de Estudio Cajasol de Sevilla. En este foro, el gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Jesús Huerta, reprochó al Estado el recorte en 1.900 millones en dependencia de los que el 25% corresponde a Andalucía. Un tijeretazo que, a su juicio, ha causado los enormes problemas de pago sufridos. Huerta, que señaló que el objetivo de la Junta es priorizar con criterios de justicia social y atender primero las situaciones de mayor emergencia, aclaró que en verano se hará una revisión de los planes de ayuda a domicilio, que no sólo será de quitar horas, sino también de añadir a los que no alcanzan el mínimo de jornada. A este discurso le acompañó en las jornadas el de Jorge Guarner, director General de SARquavitae, empresa dedicada a servicios sanitarios y sociales, que expuso la necesidad de reforzar la colaboración público-privada para prestar un servicio que tenga calidad, para lo cual recordó las 998 plazas que tiene concertadas con la Junta en sus residencias y centros. Aunque el eje de las jornadas giró en torno a los principios éticos que debe aplicar los profesionales sanitarios, los efectos de los recortes estuvieron presentes. El neurólogo del Hospital Virgen Macarena Félix Viñuelas recomendó a los trabajadores que el principio de justicia y equidad prime sobre los criterios económicos, aunque sin malgastar. Por su parte, el coordinador de la Fundación Tutelar (TAU), Israel Montes, advirtió que su entidad y otras no puede asumir los costes de personas en vulnerabilidad mientras se tramitan los expedientes si no recibe ayuda de los servicios sociales. Por último, Norberto Sotomayor, fiscal de protección a las personas con discapacidad de la Fiscalía de Sevilla, destacó el crecimiento de hasta un 50% de los ingresos involuntarios en residencias de los 1.047 casos de 2011 a 1.528 del pasado año motivado por un mayor control de estos procesos. Para emitir un diagnóstico, no se centran sólo en analizar los criterios médicos de la persona dependiente, sino también los aspectos sociales y su entorno.
