Economía

Los planes de pensiones de sus Señorías

Del no de Zapatero al no lo necesitaré de Salgado pues me vale el sistema público

el 10 mar 2010 / 20:19 h.

Celestino Corbacho, ayer, en el Congreso.

No se esperaba Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, el revuelo generado por su consejo a los ciudadanos de que contraten, como él mismo, planes de pensiones privados, pese a aclarar que no por ello ponía en duda la salud del sistema público y que aquéllos no podrán sustituir "jamás" a éste. Sus declaraciones, sin embargo, no sentaron bien en el Gobierno central, cuyos ministros y también su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvieron que responder a los periodistas si tenían o no un plan de suscripción privada.

Con un lacónico "no" respondió Zapatero. Su ministro de Fomento, José Blanco, eludió la respuesta -"cada ciudadano decide sobre la forma en que ahorra", al igual que los titulares de Economía y Hacienda, Elena Salgado -sólo comentó que cotiza a la Seguridad Social desde los 22 años y que cuando deje de trabajar cobrará su pensión pública, sin necesidad de la compensación como ex ministra-, y Educación, Ángel Gabilondo -quien dijo que su vida privada "no interesa"-.

Otros ministros sí dijeron tener, como Corbacho, un plan privado: la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y los titulares de Industria, Miguel Sebastián, de Vivienda, Beatriz Corredor, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa. Sebastián comentó al respecto que no debe ser "tan malo" cuando los gobiernos, con independencia de su adscripción política, bonifican esos productos de ahorro de forma "generosa" con incentivos fiscales.

Por el contrario, Francisco Caamaño, titular de Justicia, aseguró que tiene contemplada exclusivamente su pensión pública, al igual que Trinidad Jiménez, la ministra de Sanidad, quien matizó que entendía que sus compañeros ministros tengan uno privado "como cualquier otro ciudadano" que hace sus previsiones de futuro como considera oportuno, si bien puntualizó que complementar la jubilación no pone en cuestión que España cuenta con un sistema público "fuerte y garantizado".

El Congreso y el Senado tienen un plan de pensiones colectivo para funcionarios y parlamentarios, que éstos pueden incrementar, si quieren, con sus propias aportaciones o bien hacerse otro nuevo.

Entre la oposición hay muchos que sí disponen de esa modalidad de complemento, como la portavoz del PP en la Cámara, Soraya Sáenz de Santamaría, mientras que su responsable económico, Cristóbal Montoro, quien lo suscribió hace tiempo, aprovechó para acusar al Gobierno de Zapatero de "volver a meter miedo" con un tema tan sensible.

El portavoz de CiU, Josep Antoni Durán Lleida, no sólo tiene uno, sino que incluso aconseja que todos los que puedan se lo hagan, aunque no por "desconfianza" en el sistema público, precisó, sino porque las pensiones "son bajas". Su aportación a su plan es "simplemente" de 600 euros al mes, pero le gustaría poder ingresar más ya que cuando se jubile esa cantidad "dará poco de sí".

Josu Erkoreka, el portavoz del PNV, también lo recomienda, al ser de los que opina que, ante la evolución demográfica, las pensiones futuras no superarán probablemente un "nivel mínimo imprescindible" para vivir con dignidad.
Las críticas más relevantes, las de los sindicatos. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, opinó que "la metedura de pata del Gobierno no se corresponde con la situación de la Seguridad Social" y aseguró que el futuro de las pensiones "está garantizado".

Mientras, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, insistió en que el sistema está "suficientemente saneado" y consideró que no es necesario recurrir a los planes privados.

Por el contrario, los apoyos al consejo de Celestino Corbacho procedieron de la patronal española y también de las gestoras de planes de pensiones y aseguradoras.

Así, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, calificó de "coherente" la propuesta y afirmó que "hay muchos españoles que aspiran a ese complemento en el futuro".

Las patronales Unespa (aseguradoras) e Inverco (gestoras), por su parte, respaldaron que los ciudadanos contraten planes de pensiones privados, pues les permitiría "mejorar" su poder adquisitivo una vez que lleguen a la edad de jubilación.

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