La investigación de una supuesta trama de cobro ilegal de tasas por parte de policías locales arrancó en septiembre de 2009, a raíz de una grabación realizada a un agente en el marco de una investigación de una red de tráfico de drogas. Desde entonces se ha cambiado el sistema de cobro de esta prestación -la ordenanza se modificó y se retiró a los agentes la obligación de recaudar en mano- y se ha creado una unidad interna de investigación, formalizada en junio de 2010 cuyo intendente al mando llegó a denunciar en el Juzgado amenazas y presiones. Pero no se había adoptado medida disciplinaria alguna. Hasta ayer. Una vez conocida la citación para declarar como imputados de nueve agentes -ocho en servicio y un subinspector jubilado-, el Consistorio anunció las primeras sanciones: abrir expediente a todos los implicados y apartarlos de la unidad motorista a la que pertenecían los agentes.
El gobierno confirmó oficialmente que había optado por tomar dos medidas. La primera, la apertura de expedientes disciplinarios a todos los imputados cuya consecuencia "está supeditada a la resolución de la investigación judicial". Esta iniciativa no se había adoptado en todo este tiempo, pese a los anuncios de "contundencia" expresados por el gobierno anterior cuando en marzo de 2011 se difundió, a través de este periódico, la investigación judicial abierta en la Policía Local. Ayer, aún no se le había comunicado ni a los agentes ni al Sindicato Profesional de Policía, mayoritario en el cuerpo, y que subrayaba que no se debían tomar decisiones sin respetar la presunción de inocencia.
La segunda medida ha sido apartar a todos los imputados, entre ellos un mando -un inspector- de la unidad motorista. "Tendrán un cambio de destino", matizaron desde el gobierno municipal. Fuentes del Sppme sí confirmaron este extremo, aunque subrayaron que desde el gobierno se les había trasladado que los afectados "podrían elegir" destino y que se trataba de una medida para evitar "la presión" y "nunca un castigo".
Al margen de estas medidas disciplinarias continúa, según el gobierno, la investigación interna, que iniciaron un intendente, un oficial y dos agentes, y que estuvo supervisada directamente por el exjefe de la Policía Local José Aulet, así como las indagaciones judiciales que tendrán un punto de inflexión en febrero cuando declaren los nueve agentes -uno de ellos jubilado- y los dos particulares -al menos uno de ellos de una empresa-. Entre las compañías investigadas se encuentra la firma Grúas Lozano.
La supuesta trama de cobro ilegal de tasas consistía, según las primeras indagaciones, en que agentes, pertenecientes a la unidad motorista, actuando de forma independiente y aislada, realizaban servicios fuera de las horas de trabajo y con los uniformes. Cobraban supuestamente en mano y sin registro alguno por parte del Ayuntamiento una tasa por desviaciones de tráfico y escolta de vehículos de transporte de mercancías de gran tonelaje o grúas. En un principio, se estimó que el desfase llegaba a medio millón de euros.
