El Ayuntamiento de Coslada sabía desde hace tres años las fechorías de la banda del jefe policial, Ginés Jiménez, en el municipio madrileño. El consistorio recibió quejas de agentes de la Policía Local contra el apodado como el Sheriff, al que acusaban de acoso laboral, lo que motivó la apertura de una investigación municipal que concluyó que la situación dentro del Cuerpo era "potencialmente explosiva".
El informe, que se realizó en junio de 2005 por iniciativa del departamento municipal de Recursos Humanos, instaba al Consistorio de Coslada a actuar con "medidas urgentes" ante el conflicto de la plantilla con el oficial jefe, al que calificaba de "persona conflictiva" y "poco respetuosa" con los ediles de Seguridad.
La política, por tanto, entra cada vez más en esta trama de corrupción, hasta el punto de que los partidos se lanzaron reproches mutuos. El PP pedirá en el Pleno la dimisión del concejal de Seguridad, Antonio Murillo, y del alcalde, Ángel Viveros, por su gestión en la Operación Bloque.
Por contra, la representación jurídica del consistorio presentó una demanda de conciliación ante el Decanato de los Juzgados del municipio contra los responsables del PP en la localidad por calumnias e injurias graves contra el Gobierno local y su actuación en la supuesta trama de corrupción policial desmantelada.
Detenido. La investigación sobre la trama de corrupción en la Policía Local de Coslada, siguió su curso y se saldó ayer con una nueva detención, la de un ciudadano chino, que después fue puesto en libertad y que pagó a los agentes para que extorsionaran al dueño de un negocio de la competencia.
Trece agentes permanecen en prisión por su presunta implicación en la trama después de que el juez que investiga el caso, Eduardo Cruz Torres, ratificara el miércoles la decisión de la jueza de guardia.
