Los ex trabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla prejubilados merced al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 se han instalado hoy en un campamento, a las puertas de la sede de esta empresa participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, para reclamar que la Junta colabore en la financiación de las prestaciones, pues la compañía afronta un pasivo de más de nueve millones de euros por este concepto al desligarse la Consejería de Empleo del pago de las nóminas.
El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), informó a Europa Press de que, finalmente, tras la asamblea celebrada por este colectivo de aproximadamente 40 ex trabajadores, 25 de ellos están participando en esta acampada destinada a presionar a la Consejería de Empleo para que participe en la financiación de las pre jubilaciones. Así, informó de que a mediodía de hoy, los pre jubilados comenzaban a instalar sus tiendas de acampada en las zonas verdes ubicadas precisamente ante los accesos a la sede social de Mercasevilla.
La movilización arranca después de que el comité de empresa haya hecho público un documento firmado el 29 de abril de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en el que la administración autonómica se "compromete" a abonar 1.891.637,83 euros para ocho ex trabajadores de esta compañía en el marco de una póliza. Tal extremo, según los sindicatos y el comité de empresa, obligaría al Gobierno andaluz a participar en la financiación de las pre jubilaciones, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros como mayor losa financiera de la sociedad mixta.
Entretanto, el colectivo de prejubilados del ERE de 2007 percibe sus retribuciones a través de contratos de préstamo que la sociedad mixta les hace suscribir cada mes, una fórmula eventual de pago de las prestaciones orquestada como solución eventual a la espera de que se esclarezcan los compromisos de pago que rodean al mencionado expediente de regulación de empleo.
Cabe recordar que la auditoría externa elaborada por la consultora 'Deloitte' sobre las cuentas generales de Mercasevilla había reflejado que, aunque la documentación analizada incluía alusiones a la participación de la Consejería de Empleo en la financiación del ERE de 2007, no quedaba recogida la firma de ninguno de sus representantes legales en tales aspectos.
DOCUMENTOS Y COINCIDENCIAS
No obstante, este documento hecho público por el comité de empresa recoge que el 29 de abril de 2008, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía expresaba ante Vitalicio Seguros, -compañía con la que Mercasevilla negoció la póliza correspondiente a estas prestaciones-, su "conformidad" a la suscripción de una póliza para ocho "ex trabajadores" de la sociedad mixta, "comprometiéndose" a continuación a "abonarles" con fecha 1 de julio de 2008 1.891.637,83 euros.
Esta fecha y esta cuantía, además, "coinciden" con el contenido de un documento librado por Vitalicio Seguros en el marco de la póliza de seguro colectivo de rentas suscrito por la sociedad mixta precisamente para las prestaciones de los trabajadores adheridos al ERE de 2007. En ese documento, en efecto, la compañía aseguradora atribuye el 22 de mayo de 2008 a la Junta de Andalucía el abono de 1.891.637,83 euros a fecha de 1 de julio de 2008 en concepto de "prima" aplazada para la financiación de las prestaciones.
Dadas las declaraciones públicas del consejero de Empleo, Manuel Recio, en cuanto al cese de Francisco Javier Guerrero muy poco tiempo después de firmar tal documento, el presidente del comité de empresa de Mercasevilla dijo a Europa Press que los asuntos internos de dicho departamento "no son problema de los trabajadores" que se adhirieron al ERE de 2007, por lo que reclamó al Gobierno andaluz que se atenga a los actos y compromisos de sus dirigentes.
En ese sentido, advirtió de que además del mencionado documento, "tiene que haber otros tres más" de similar naturaleza hasta cubrir los compromisos de pago de los aproximadamente 40 empleados acogidos al ERE, "los últimos" incluso firmados por el sucesor de Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez.
