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Los prejubilados de Mercasevilla acampan a las puertas de la empresa

el 07 jun 2010 / 12:08 h.

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Los ex trabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla prejubilados  merced al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 se han  instalado hoy en un campamento, a las puertas de la sede de esta  empresa participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, para  reclamar que la Junta colabore en la financiación de las  prestaciones, pues la compañía afronta un pasivo de más de nueve  millones de euros por este concepto al desligarse la Consejería de  Empleo del pago de las nóminas.

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael  Domínguez (CCOO), informó a Europa Press de que, finalmente, tras la  asamblea celebrada por este colectivo de aproximadamente 40 ex  trabajadores, 25 de ellos están participando en esta acampada  destinada a presionar a la Consejería de Empleo para que participe en  la financiación de las pre jubilaciones. Así, informó de que a  mediodía de hoy, los pre jubilados comenzaban a instalar sus tiendas  de acampada en las zonas verdes ubicadas precisamente ante los  accesos a la sede social de Mercasevilla.

La movilización arranca después de que el comité de empresa haya  hecho público un documento firmado el 29 de abril de 2008 por el  entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta  de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en el que la administración  autonómica se "compromete" a abonar 1.891.637,83 euros para ocho ex  trabajadores de esta compañía en el marco de una póliza. Tal extremo,  según los sindicatos y el comité de empresa, obligaría al Gobierno  andaluz a participar en la financiación de las pre jubilaciones, cuyo  coste se eleva a 9.046.976,95 euros como mayor losa financiera de la  sociedad mixta.

Entretanto, el colectivo de prejubilados del ERE de 2007 percibe  sus retribuciones a través de contratos de préstamo que la sociedad  mixta les hace suscribir cada mes, una fórmula eventual de pago de  las prestaciones orquestada como solución eventual a la espera de que  se esclarezcan los compromisos de pago que rodean al mencionado  expediente de regulación de empleo.

Cabe recordar que la auditoría externa elaborada por la consultora  'Deloitte' sobre las cuentas generales de Mercasevilla había  reflejado que, aunque la documentación analizada incluía alusiones a  la participación de la Consejería de Empleo en la financiación del  ERE de 2007, no quedaba recogida la firma de ninguno de sus  representantes legales en tales aspectos.

DOCUMENTOS Y COINCIDENCIAS

No obstante, este documento hecho público por el comité de empresa   recoge que el 29 de abril de 2008, el por entonces director general  de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía expresaba ante  Vitalicio Seguros, -compañía con la que Mercasevilla negoció la  póliza correspondiente a estas prestaciones-, su "conformidad" a la  suscripción de una póliza para ocho "ex trabajadores" de la sociedad  mixta, "comprometiéndose" a continuación a "abonarles" con fecha 1 de  julio de 2008 1.891.637,83 euros.

Esta fecha y esta cuantía, además, "coinciden" con el contenido de  un documento librado por Vitalicio Seguros en el marco de la póliza  de seguro colectivo de rentas suscrito por la sociedad mixta  precisamente para las prestaciones de los trabajadores adheridos al  ERE de 2007. En ese documento, en efecto, la compañía aseguradora  atribuye el 22 de mayo de 2008 a la Junta de Andalucía el abono de  1.891.637,83 euros a fecha de 1 de julio de 2008 en concepto de  "prima" aplazada para la financiación de las prestaciones.

Dadas las declaraciones públicas del consejero de Empleo, Manuel  Recio, en cuanto al cese de Francisco Javier Guerrero muy poco tiempo  después de firmar tal documento, el presidente del comité de empresa  de Mercasevilla dijo a Europa Press que los asuntos internos de dicho  departamento "no son problema de los trabajadores" que se adhirieron  al ERE de 2007, por lo que reclamó al Gobierno andaluz que se atenga  a los actos y compromisos de sus dirigentes.

En ese sentido, advirtió de que además del mencionado documento,  "tiene que haber otros tres más" de similar naturaleza hasta cubrir  los compromisos de pago de los aproximadamente 40 empleados acogidos  al ERE, "los últimos" incluso firmados por el sucesor de Guerrero al  frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Juan  Márquez.

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