El colectivo de extrabajadores prejubilados a través del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla ha encomendado a los abogados de los sindicatos, que recurran la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ratifica a esta empresa como "única responsable del pago de las indemnizaciones reconocidas", declarando de nuevo la "nulidad" del ERE en cuestión y zanjando que los prejubilados sólo tienen derecho a indemnizaciones de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades". Diego Correa, del comité de empresa de Mercasevilla, ha informado a Europa Press de que a cuenta de esta sentencia emitida el 30 de octubre por el Alto tribunal andaluz, el colectivo de extrabajadores de Mercasevilla prejubilados mediante el ERE de 2007 ha celebrado una reunión con los abogados de las uniones provinciales de CCOO y UGT, al objeto de analizar la impugnación de la citada resolución judicial. "La sentencia se va a recurrir", ha dicho Diego Correa, quien recuerda que en estos momentos, estos extrabajadores "no cobran nada" de Mercasevilla al decidir ya la empresa el pasado mes de junio suspender los pagos asociados a la póliza de seguro de rentas del expediente de regulación de empleo de 2007. Dicha decisión derivaba de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa a la de octubre, que merced a la reclamación de uno de estos prejubilados ante el Juzgado de lo Social número cinco sobre "los importes devengados y no percibidos entre diciembre de 2009 y noviembre de 2010", consideraba ya "nulo y fraudulento" dicho expediente de regulación de empleo. EL ERE DE 2007 El expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por Mercasevilla, cuyo coste se elevaba a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire en 2009 al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis por la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla y la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias promovidas con cargo a la a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Y es que aunque entre 2007 y 2008 el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado varios documentos mostrando la "conformidad" y compromiso de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, resolvió que estos actos fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".
