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Los presos de Guantánamo podrán demandar a EEUU

Expertos jurídicos creen que la actual legislación cuenta con mecanismos para acoger presos de Guantánamo en España, aunque advierten de las incógnitas que acarrearía este traslado, como que pudieran demandar a Estados Unidos ante la Audiencia Nacional en virtud del principio de justicia universal.

el 16 sep 2009 / 04:36 h.

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Expertos jurídicos creen que la actual legislación cuenta con mecanismos para acoger presos de Guantánamo en España, aunque advierten de las incógnitas que acarrearía este traslado, como que pudieran demandar a Estados Unidos ante la Audiencia Nacional en virtud del principio de justicia universal.

La petición de ayuda de la Casa Blanca que el Gobierno ha empezado a estudiar para cobijar a cuatro prisioneros sin cargos también suscita dudas por el limbo jurídico del que proceden, al coincidir en que sus derechos no han sido respetados en Guantánamo.

El catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Cástor Díaz, argumenta que la "situación antijurídica" de Guantánamo "condiciona la solución", aunque cree que puede haber fórmulas legales para la acogida "si también hay voluntad política real".

Díaz, en declaraciones a Efe, apunta que el traslado de los cuatro prisioneros debería tener como requisitos el respeto a los derechos humanos y a leyes como la de Extranjería, además de "no poner en riesgo la seguridad del Estado". A su entender, "desmantelar Guantánamo no puede significar que por razones políticas, no se respeten en esencia los derechos humanos".

Reconoce Díaz que con la actual ley, "la puerta queda abierta" a que los deportados puedan, incluso, acogerse a la justicia universal para pedir un resarcimiento por los años de reclusión en el penal. Sólo lo podría impedir, añade, la reforma que el Gobierno y el PP están negociando para limitar este principio a determinados casos.

Precisamente, el Congreso aprobará el próximo jueves en el último pleno de este periodo de sesiones la reforma que limitará la jurisdicción universal a los casos en los que existan víctimas españolas o los responsables del delito se encuentren en España. Esta limitación se ha incluido a través de una enmienda en el proyecto para la implantación de la nueva Oficina Judicial.

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