Los últimos meses de mandato del presidente de los EEUU, George W. Bush, no van a ser precisamente dulces. Su defensa a ultranza de la prisión de Guantánamo le va a cobrar factura. Un ejemplo es que los presos de esta cárcel podrán solicitar su libertad.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció ayer por cinco votos a favor y cuatro en contra el derecho de los detenidos en la base de Guantánamo a acudir a las cortes federales para reclamar su puesta en libertad. La decisión supone un revés para el Gobierno de Bush, que se ha empeñado en impedir por todos los medios que los sospechosos de terrorismo encarcelados en esa base norteamericana situada en el sudeste de Cuba tengan acceso a los tribunales ordinarios.
Los magistrados dictaminaron por la mínima que los extranjeros detenidos en Guantánamo sí tienen derechos que protege la Constitución de Estados Unidos.
Se trata de la tercera vez que el Tribunal Supremo censura la actuación del Gobierno respecto a Guantánamo, donde permanecen unos 270 prisioneros, de los 800 que llegaron a pasar por la prisión abierta en esa base naval a comienzos de 2002. Dictámenes anteriores obligaron al Gobierno a establecer un sistema de revisión de la situación de los detenidos, caso por caso.
El Tribunal Supremo determinó ayer que esas juntas militares no constituyen un mecanismo justo para evitar el encarcelamiento de inocentes. En esas juntas, denominadas formalmente tribunales de revisión del estatus de los combatientes, los detenidos no tienen derecho a un abogado, no pueden refutar información secreta y se admiten como pruebas confesiones obtenidas bajo tortura.
El teniente coronel de la Reserva Stephen Abraham, un ex miembro de una de esas juntas, denunció el año pasado en una declaración jurada enviada al Supremo que los procedimientos son "poco más que una validación de las determinaciones previas" hechas por el Pentágono.
El dictamen de la máxima corte del país permitirá a los detenidos escapar el sistema de justicia alternativo establecido por el Gobierno en Guantánamo y acudir a los tribunales federales, donde un juez evaluará las razones para su encarcelamiento.
El 11-s. Esa posibilidad también estará abierta para los sospechosos de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que comparecieron la semana pasada por primera vez ante uno de los tribunales especiales anti-terroristas creados en Guantánamo.
Ayer mismo Bush anunció que respetará la decisión del Tribunal Supremo, aunque dijo que no está de acuerdo con ella.
Sin embargo, esta resolución del Supremo fue aplaudida por Amnistía International (AI). En un comunicado difundido desde su sede en Londres, la organización defensora de los derechos humanos definió el acuerdo como "un paso esencial hacia la restauración del imperio de la ley" en el país norteamericano.
AI recordó que "es la tercera vez desde 2004" que el Tribunal Supremo rechaza los argumentos de la Administración Bush en relación con la cárcel de Guantánamo. "Ha llegado la hora de que el Gobierno de EEUU acomode sus políticas de detención y sus prácticas en la guerra contra el terrorismo de acuerdo con la legislación internacional".
