Cajasur sufrió un fallo multiorgánico y el ladrillo actuó de detonante mortal. Sirva la licencia poética para resumir el exhaustivo y nada lírico expediente del Banco de España (243 páginas) contra quienes fueron consejeros de Cajasur entre julio del 2005 y el 21 de mayo del 2010, día en el que el consejo de administración con 11 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención rechazó la fusión con Unicaja.
Aquella decisión provocó la intervención fulminante de la entidad y que la caja pasara de las manos del Cabildo Catedral, primero, a las del FROB y, después, a las de BBK. El Banco de España ha evaluado este proceso, que concluye con sanciones para 38 ex consejeros que ascienden a 2,4 millones y la inhabilitación durante 2 años de su último presidente, hoy obispo auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez Sierra.
El informe constata que la caja sufría múltiples patologías: una mala situación financiera (reflejada entre otros por el famoso informe del Boston Consulting Group de 23 de noviembre del 2009), la bajada de calificación de rating, la retirada de depósitos, la crisis inmobiliaria y de las empresas del grupo y la concentración del negocio en el ladrillo. Pero el informe subraya que Cajasur superó los límites de concentración de riesgos por basar su negocio en el sector inmobiliario, por un lado, con su propio grupo de empresas, alcanzando a final del 2009 el 43,85% de los recursos propios (194,8 millones); y por otro lado, con dos grandes promotoras cordobesas: con el Grupo Sánchez Ramade, alcanzando el 37,23% de los recursos propios (165,4 millones), y con el Grupo Prasa, alcanzando el 26,22% (116,5 millones).
Con fecha 31 de mayo del 2010 es en un informe de la propia entidad el que reconoce que los recursos propios básicos se redujeron a -21 millones de euros, por lo que -dice el documento del Banco de España- "se mantiene la superación de los límites de concentración de riesgos con dichos grupos económicos". El supervisor bancario echa la vista atrás para determinar que esa situación de concentración de riesgos se remonta al periodo 2004-2008 y constata: "El incumplimiento de los límites de concentración se produjo de manera reiterada en diversos ejercicios muestra una falta de diligencia en el respeto a la normativa (....), si no una total indiferencia hacia la misma".
Por lo demás, el informe desglosa antecedentes, hechos probados y fundamentos jurídicos; tipifica en cuatro las sanciones atribuibles a los ex directivos; y desmonta muchos argumentos de los expedientados. Por citar quizá uno de los más jugosos: el Banco de España tumba los esgrimidos por quienes rechazaron la fusión con Unicaja aduciendo que la entidad malagueña no estaba realmente interesada, si no que perseguía la desaparición de un competidor.
También rechaza los argumentos de la defensa de quienes mostraron una actitud crítica contra los miembros del Cabildo, porque "pese a estas manifestaciones verbales (...) queda evidencia de la conformidad con los miembros del consejo (independientemente del grupo al que pertenecieran) con las políticas de control interno de la caja".
Por último, el expediente puntualiza las presuntas infracciones cometidas por los ex directivos y cuantifica las sanciones derivadas de las mismas: deficiencias en los mecanismos de control de riesgos derivadas de los excesos cometidos en el sector inmobiliario; el incumplimiento del plan de actuación que establecía como único medio para salvar la caja la fusión con Unicaja; incumplimientos de los coeficientes de solvencia; y el exceso de concentración inversora en tres grupos empresariales.
La sanción impuesta por el Banco de España a los ex directivos de Cajasur, 2,4 millones, duplica la que se puso a Caja Castilla La Mancha, 1,071 millones. Si bien es cierto que los sancionados en aquella ocasión fueron la mitad (20), la inhabilitación del ex presidente Juan Pedro Hernández Moltó fue de 5 años. Ahora, los ex consejeros de Cajasur tienen un mes para recurrir.
