No hace ni 48 horas desde que el nuevo Gobierno andaluz tomara posesión y ya tiene abierto el primer gran frente con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La batalla se libra por los Prespuestos Generales del Estado. La Junta califica de "agresión" al Estatuto andaluz el hecho de que las cuentas estatales no recojan inversiones para Andalucía según su peso poblacional (17,8%). El PP tampoco reconoce ninguna deuda pendiente del Estado con Andalucía, es decir, los 1.502 millones que los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero dejaron sin ejecutar en 2008 y 2009. Desde la Junta hablan de "desprecio" al Estatuto. El PP-A apoya que se incumpla la norma autonómica y acusa al Gobierno andaluz de utilizar los números como un "ariete más de la confrontación" con La Moncloa.
Los primeros Presupuestos de Rajoy incumplieron por primera vez la cláusula del Estatuto andaluz que exige que la inversión que provenga del Estado sea equivalente al peso de la población andaluza en el país. En vez del 17,8%, las cuentas de 2012 dejan la inversión en el 14,6%. La Junta ya ha anunciado que recurrirá. Desde el Gobierno central, el PP y el PP andaluz argumentan que Zapatero, pese a cumplir en "teoría" con el Estatuto, en la práctica parte de las inversiones quedaban sin ejecutar. Antes de abandonar Moncloa, el Gobierno socialista cifró ese déficit inversor en unos 1.500 millones, una cantidad que ahora el Ejecutivo popular no reconoce.
Las declaraciones del portavoz del PP en materia de Administraciones Públicas en el Congreso, el almeriense Juan José Matarí -número dos de Arenas en Génova-, quien aseguró que los Estatutos de Autonomía no obligan al Estado a invertir ninguna cantidad concreta en las comunidades, han levantado polvareda. Dijo ésto al defender por qué su partido iba a tumbar las enmiendas socialistas, que pretendían arañar 1.250 millones para que el Estado cumpla con las disposiciones de los Estatutos de nueva generación, entre ellos Andalucía. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, denunció un "nuevo ataque" del PP, que vuelve a dar la "espalda" a esta tierra. "Los andaluces nunca hemos pedido más de lo que nos corresponde, tan solo lo que dice nuestro Estatuto", indicó. Tildó de "lamentable" el razonamiento de Matarí y vio "irresponsable" que el Gobierno central, en un momento tan difícil, opte por la "confrontación y la agresión" pese a la "mano tendida" de la Junta desde el primer momento. Dejó claro que la Junta quiere agotar la vía del diálogo, pero que, si no hay más remedio, "defenderá con firmeza a Andalucía y usará cuantos instrumentos jurídicos estén a su alcance".
El PSOE-A ya no habla de los 1.502 millones pactados con Zapatero, sino de 3.900 millones. Es lo que, a su juicio, el Estado debe a Andalucía por las inversiones no ejecutadas de 2008 y 2009, otros 500 millones por incumplir la cláusula de población y el resto, unos 1.900 millones, por la liquidación pendiente de la deuda histórica, un contencioso que el Ejecutivo socialista saldó en su día en solares. El portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, advirtió que el líder del PP-A, Javier Arenas, quiere convertir el Estatuto de andaluz en "papel mojado". El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, añadió que Arenas está quedando como "el andaluz más antiandaluz de esta tierra" por el "desprecio" que dirigentes nacionales de su partido están haciendo al Estatuto andaluz.
épocas pasadas. El PP-A se defendió de las críticas atacando al anterior Gobierno socialista. Insistió en que fue el Ejecutivo de Zapatero el que no ejecutó ese dinero y el que debería haber dado "una explicación". Consideró "contradictorio" que la Junta aceptase entonces el déficit inversor del gobierno amigo y ahora levante la voz. La reivindicación de la deuda andaluza es "un ariete más para la confrontación con el Gobierno central. El país no está para eso", sentenció ayer el portavoz popular en la Cámara, Carlos Rojas. Dijo "compartir" las polémicas declaraciones de su compañero de partido. Matarí dijo el martes, sobre Andalucía, que "no existe ninguna deuda reconocida".
Preguntado varias veces si el PP-A, firmante del Estatuto andaluz, no piensa reivindicar al Estado las cantidades pendientes, Rojas se limitó a decir que cualquier decisión tiene que tomarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fruto del "diálogo institucional". "Ahora se necesita más lealtad y colaboración que nunca", señaló. Matarí volvió a referirse ayer a esta controversia. Lejos de rectificar, el diputado almeriense admitió que las inversiones para Andalucía en 2012 bajan respecto al año anterior, igual que las del resto de comunidades, y recordó que Zapatero también recortó en un momento de bonanza económica.
