El éxito al que quiere referirse el título es el de la política de inversión en infraestructuras en España a lo largo del reciente periodo constitucional. No otra cosa es lo que confirman dos recientes trabajos de especialistas en la cuestión como Ángel de la Fuente (Fedea) y Rafael Myro (Fundación Alternativas): el avance sostenido en la dotación de inversiones públicas duraderas, alimentado por la vía exterior (fondos europeos) y por la necesidad de convergencia entre regiones (solidaridad interterritorial), es responsable directo de buena parte de nuestro crecimiento económico. Según prueba el primer estudio cerca de medio punto anual del crecimiento del producto agregado español y casi un cuarto de punto del empleo, durante 1965-2004, son atribuibles a estas inversiones.
Pero es que los aportes no se limitan al apartado de la eficacia económica, sino que el empuje redistribuidor también fue notable. En efecto, queda demostrado que la política de infraestructuras ha sido un componente fundamental para la convergencia en renta per cápita entre regiones, sobre todo durante la década posterior a la entrada de España en la UE. De hecho, a partir de mediados de los noventa la redistribución entre regiones ligada a las infraestructuras comenzó a declinar, y no por un recorte en fondos europeos, que en esos momentos estaban en sus niveles máximos, sino por una reversión del patrón inversor del estado central. En suma, la inversión estatal es una herramienta decisiva, tan capaz de impulsar un desarrollo diferencial de las diferentes regiones que, incluso, diluye el impacto de las subvenciones europeas. Por ello no es sorprendente la aspiración de los diferentes gobiernos autonómicos a forzar en su favor la mecánica que decide la asignación de esas inversiones en infraestructuras.
Ahora bien, el verdadero problema se origina cuando, como ha sucedido en la redacción de los recientes estatutos de autonomía, cada administración regional pretende (y consigue) legislar qué patrón ha de seguir una política que es de titularidad estatal. Unos pretenden que la inversión sea, durante cierto número de años, proporcional al PIB, otros la ligan a la población, otros a la superficie, etc. Todos lo han hecho en base a argumentos razonables, se podría argüir, pero lo que realmente buscaban era una a modo de cláusula de protección frente a una corriente centrífuga que, sin embargo, consolidan con su empeño por colonizar una función del estado central.
No hay razones para esperar que un sistema con estas bases pueda funcionar. Pensar que una materia como la de las infraestructuras, declinable en el largo plazo y con unos impactos tan arduos de medir geográfica y temporalmente, se pueda implementar a favor propio colando un dígito en una ley orgánica es de una tosquedad e ingenuidad inadmisibles.
La lectura optimista es que, una vez puestos, esta proliferación de reglas preferenciales de inversión en todos y cada uno de los estatutos regionales puede terminar llevándonos a la situación óptima. Esto es, en tanto el conjunto de cláusulas en vigor se contrarresten unas a otras por la mera lógica matemática, la potestad para tomar las decisiones en el apartado de infraestructuras volverá a ser competencia exclusiva del gobierno central. Por el camino habremos perdido algo de saliva y tinta pero nada más. La otra posibilidad es que, en la carrera por instaurar vetos institucionales para suplantar el debate político, la cosa acabe como el cuento de la gallina de los huevos de oro.
Catedrático de Hacienda Pública. jsanchezm@uma.es
