Carlos Rubio y Julio muestran la convocatoria de la protesta. / Manuel R. R. (Atese)
Carlos Rubio y Julio Paneque proceden de sendas estirpes de procuradores y ahora cuentan con despachos propios. Constituyen solo dos ejemplos entre los 450 procuradores que existen en la provincia de Sevilla y a los que afecta de lleno el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales promovido por el Gobierno central. Una de las cuestiones que aborda esta medida es la desaparición de la incompatibilidad entre las labores de abogado y procurador, lo que puede suponer un jarro de agua fría para el futuro de la profesión. Ante la inminencia de la aprobación de la norma, el sector se ha unido para, no solo protestar contra ella y sus repercusiones sino para dar a conocer su profesión, desconocida por muchos sectores de la sociedad.
La dedicación es absoluta. Por las mañanas vamos a todas las sedes judiciales, donde recepcionamos notificaciones judiciales y presentamos demandas, escritos, recursos... además de estar presentes en todo tipo de comparecencias; aquí no caben enfermedades o bajas. Hay que ir sí o sí, algo que no sucede con otras profesiones relacionadas con el ámbito judicial, por lo que existe entre nosotros una colaboración necesaria, explican los dos procuradores. A esta labor matutina se suman otras como el impulso procesal de los asuntos pendientes, donde se pueden encontrar errores que hay que subsanar dentro de la tramitación de cada pleito. Además, explican Rubio y Paneque, son colaboradores con otros organismos públicos, como Agencia Tributaria y Registros de la Propiedad, llevando a cabo anotaciones de embargos, adjudicaciones de fincas, etcétera. Además, se hacen cargo del manejo de fondos de los clientes para atender los suplidos que se van devengando en el pleito, consignaciones judiciales, abonos de tasas, liquidaciones de impuestos, pagos en los diferentes registros... una actividad a nivel contable que es muy exigente y que precisa de una gran responsabilidad.
Por último, entre las actividades de la mañana, están las diligencias en calle, actividad sobre la que el propio Gallardón dio más potestad a los procuradores hace solo unos meses, ya que los reforzaba como autoridad judicial en actuaciones como embargos y emplazamientos.
A ello se añade el trabajo de la tarde, donde dan forma a todo lo gestionado por la mañana, además de preparar demandas, gestionar las distintas documentaciones, revisar procedimientos para hacer gestiones al día siguiente, escritos de trámite en estrecha colaboración con los letrados que dirigen los procedimientos, entre otras. De cada pleito que asumes se deriva una responsabilidad altísima. Si un cliente reclama una pretensión determinada y cometes una negligencia en la tramitación del proceso, tal como no presentar un escrito en plazo, tienes que asumir el perjuicio que puedas ocasionar, explican.
Ante esta situación, María de los Ángeles Muñoz Serrano, decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla, ha convocado a sus colegiados en una concentración mañana, a las 10.30 horas a las puertas de la Audiencia Provincial.
Si sale adelante el nuevo anteproyecto de ley, temen que el número de despachos se vea reducido al mínimo. Nuestra profesión siempre ha sido contemplada en el ordenamiento jurídico constituyéndonos en representantes del justiciable, profesional de gran utilidad para el abogado así como colaborador necesario de la Administración de Justicia, recalcan. Otro inconveniente de la incompatibilidad es el encarecimiento de los costes ante un proceso para un cliente, aseguran, ya que al mermar nuestra posición, las funciones que desempeñamos con la Administración de Justicia deberían ser sufragadas por otros colectivos o por el propio ciudadano: notificaciones del Servicio Común en los Juzgados de Sevilla, plataforma lexnet, traslados telemáticos... gastos que han sido asumidos con fondos del Colegio de Procuradores en una decidida apuesta para agilizar y modernizar la justicia, y que cada despacho de manera individual lo ha adaptado con medios propios.
Por último, el anteproyecto también elimina los aranceles que siempre han servido de referente en la profesión. Hace 21 años que no se modifican y se supone que los quitan para abaratar costes, pero lo que realmente ha encarecido los procedimientos los últimos tiempos ha sido la subida de tasas aprobada por el Gobierno, concluyen.
