La recomendación del ministro de Comercio, Miguel Sebastián, de que cada español consuma al menos 150 euros anuales en productos españoles hay que enmarcarla en la necesidad de buscar soluciones imaginativas para evitar, en la medida de las posibilidades de cada ciudadano en particular, la masiva destrucción de empleos que sufre el mercado laboral español. El consejo se liga al siguiente cálculo: si se consumen esos 150 euros en productos de casa, se salvarían 120.000 puestos de trabajo, una cifra que jamás hay que desdeñar. Se trata, desde luego, de una propuesta cargada de buenas intenciones, pero que también tiene un sabor autárquico y proteccionista que choca mucho con la realidad globalizada en la que vivimos y, en concreto, con la decisión tomada en Washington en la última reunión del G-20 de que se siguiera adelante con la supresión de las políticas proteccionistas. Como miembro de la Unión Europea, al Gobierno español le chirriaría que países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania se dedicasen a fomentar el consumo de productos autóctonos en detrimento de los provenientes de otros países como por ejemplo España. Pues bien, la solicitud formalizada por Sebastián tiene mucho de ese espíritu arancelario y casa poco con el acento que se ha puesto desde el mismo Ejecutivo en conseguir que nuestras empresas ganen en competitividad y salgan al extranjero en busca de nuevos mercados para nuestros productos. Ni podemos pedir para los otros lo que no queremos para nosotros, ni en consecuencia podemos decir, como ayer sostenía Sebastián, que hay que sustituir los Alpes por Sierra Nevada y el periódico Wall Street Journal por la prensa económica patria. Al consumidor hay que darle opciones, y en todo caso habrá que promocionar el consumo de nuestros productos, pero por sus calidades y su gran competitividad o bien para defender sus bondades en los mercados de otros países.
