Una de las múltiples protestas de los vecinos adjudicatarios de las viviendas de la CEA. / Javier Cuesta
Un grupo de cuatro empresarios de suministradoras de la promoción de 583 viviendas protegidas Isbylia, en Sevilla, promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han abierto la ronda de declaraciones ante la juez de lo Penal número 3 de Sevilla, que instruye el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por estas empresas suministradoras, donde el expresidente de la CEA, Santiago Herrero, que tiene previsto declarar el 5 de marzo, ha solicitado un aplazamiento de su declaración.
Fuentes del caso han indicado a Europa Press que tras la primera ronda de declaraciones de los empresarios, que sigue este martes, el abogado de Santiago Herrero y el secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, ambos citados a declarar como imputados el 5 de marzo, ha presentado un recurso para la suspensión de las declaraciones de ambos.
Las fuentes han indicado que este lunes han empezado con la ronda de declaraciones representantes de la empresa Procoenro, Euroclima 2000, Diego y Viva CB y Aplicaciones Maqueda.
Las fuentes han apuntado que estos empresarios "han sido preguntados sobre con quién habían contratado, ante lo que las empresas han asegurado que tanto Dolmen como la fundación se han servido de empresas pantalla, obligándoles a contratar con ellos sabiendo que en determinados momentos de la obra iban a dejar de pagar a las empresas y que entonces las proveedoras se tendrían que averiguar con las empresas pantalla para recibir los pagos".
Las empresas consideran que "la fundación y Dolmen actuaron a sabiendas de que no nos iban a pagar, toda la firma de contratos se hizo con ánimo de cometer estafa".
Este martes declararán otras cuatro empresas y más adelante irán más empresas que se adhirieron con posterioridad a la demanda inicial.
Las empresas esperan que "la CEA dé la cara; todas estamos con ánimo de que se depuren responsabilidades penales, pues alguien se ha llevado dinero".
El expresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Santiago Herrero tiene previsto declarar esta próxima semana, concretamente el miércoles, 5 de marzo, como imputado en el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por empresas suministradoras de la promoción de VPO promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA.
La juez titular del juzgado de lo penal número 3 de Sevilla había decidido imputar a Herrero, y a otros patronos de la citada fundación --alguno de los cuales sigue siendo directivo de la CEA--, además de a los máximos dirigentes de la promotora Dolmen Consulting, en el caso de esta presunta estafa.
La juez había admitido a trámite la denuncia y había incoado diligencias previas tras dicha denuncia, por lo que dictó una providencia en la que llamó a declarar, en primer lugar, a los representantes de todas las empresas denunciantes para este lunes, 3 de marzo.
Según la providencia, consultada por Europa Press, la juez ha citado a declarar en calidad de imputados a Santiago Herrero, y el secretario general de CEA, Antonio Carrillo, ambos como patronos de la fundación promotora de las VPO --Carrillo es el presidente de la fundación--, que están citados para el 5 de marzo. Otro de los patronos de la fundación y exvicepresidente de la CEA Juan Salas Tornero está citado como imputado, junto a Francisco Ramas, el 13 de marzo.
Por otra parte, la juez ha citado para el 6 de marzo a los máximos responsables de la promotora Dolmen Consulting Juan Manuel Sanz y Antonio González. Además, se ha citado a Alejandro Cotta y Antonio Ibáñez para el 12 de marzo.
Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenca, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, Remoan e Inclitec, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de dicha promoción Isbylia, formada por 583 VPO y ubicada en Polígono Aeropuerto.
En la denuncia, estos empresarios piden que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos y aseguran que los denunciados actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting".
