Los dos psiquiatras que trabajaban para las clínicas de Barcelona investigadas por realizar abortos ilegales no visitaban a las mujeres que querían interrumpir su embarazo. Los especialistas sólo extendían informes en los que justificaban que existían graves peligros para la salud de la embarazada, según detalla el auto judicial.
Estas son dos de las principales acusaciones que la juez que lleva el caso hace constar en su auto de levantamiento del secreto del sumario sobre las clínicas TCB y Ginemedex, del ginecólogo Carlos Morín. La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, sólo mantiene el secreto sobre la identidad o intimidad de las 2.780 mujeres que abortaron en estas clínicas en 2007.
Tras terminar los interrogatorios de las mujeres, en calidad de imputadas para que pudieran recibir asesoramiento jurídico, ante la Guardia Civil y la juez, Castelló consideró que ya se terminó la investigación policial y el examen del material intervenido.
"Vista la ingente cantidad de historias clínicas pendientes de examinar, no se estima necesario mantener por más tiempo la medida del secreto de la causa", explica el auto, ya que la finalidad era preservar la identidad e intimidad de las afectadas. En su auto, la magistrada asegura que "se pudo verificar la veracidad" de las sospechas de la Guardia Civil después de intervenir los teléfonos de los sospechosos, analizar el material incautado e interrogar a las mujeres afectadas.
Las mujeres corroboraron a la Guardia Civil que "el aborto les era practicado sin más requisitos que su mera solicitud, sin que siquiera fueran sometidas al más somero examen psicológico por parte de ninguno de los dos psiquiatras". Los facultativos fueron contratados por el doctor Morín, según la juez, "para que extendie- ran informes psiquiátricos con los que dar cobertura y apariencia de legalidad a su actividad abortiva.