Diez meses después de que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como reforma local, entrara en vigor, los ayuntamientos de la provincia andan prestos a ajustar sus cuentas y adaptarse a preceptos que debían cumplirse antes de final de año como la reducción de número de cargos públicos dedicados en exclusividad, la asignación económica o la estabilidad presupuestaria de las empresas públicas. Sin embargo, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por varios gobierno de comunidades autónomas, entre ellos la Junta de Andalucía, las entidades locales siguen a la expectativa y no se plantean más que elucubraciones para hacer frente a una ley que limita sus competencias y los aleja de su principal cometido, los ciudadanos. Con la intención de analizar estos primeros meses de adaptación a la normativa de carácter estatal, el Observatorio de Gobierno Local reunió a alcaldes, concejales e incluso interventores municipales para debatir el devenir de los primeros meses. Al menos lo intentó. Ya que la afluencia no fue muy elevada. En este simposio, que tuvo lugar en el hogar por excelencia del municipalismo, la Casa de la Provincia, el secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa, planteó una pregunta que ante el mutismo que generó no dejó indiferente a nadie. «¿Qué pasará si el Tribunal Constitucional desestima el recurso interpuesto por las comunidades autónomas?». La ausencia de respuesta deja clara la incertidumbre que crearía una hipotética desestimación de los recursos de anticonstitucional. «No solo porque el marco no esté claro, sino porque es totalmente oscuro», asegura Fernández-Figueroa. Por ello, el observatorio quiere abrir los ojos a las entidades locales para que ante una probable desestimación del recurso las administraciones locales sean «previsoras» y cuenten con un esquema básico de funcionamiento, con tal de que la nueva ley no sea un desbarajuste en el quehacer diario de la política municipal y, por supuesto, en la vida cotidiana de sus ciudadanos. La pregunta da que pensar. Más, si se tiene en cuenta que los principales afectados por esta ley son los ciudadanos. ¿A quién deberá reclamar el director de un colegio de Primaria el arreglo de un grifo roto? Pues si la ley sigue adelante los ayuntamientos tendrán poco que hacer. Es más, será la Junta de Andalucía y, en algunos casos, la Diputación, las responsables de atender este tipo de peticiones. En este sentido, la alcaldesa de Aznalcázar, la socialista Dolores Escalona, asegura que el ciudadano está «desprotegido» en materia de política municipal, «ya que no sabe a quién va a acudir cuando se le presente un problema». La ciudadanía está acostumbrada a ir a su administración más cercana los ayuntamientos para solventar sus problemas, «por lo que va a ser un desbarajuste, ya que no están bien informados sobre la ley, y no van a entender que los alcaldes no puedan ayudarles», recalca la alcaldesa aznalcaceña. Pero mientras el Constitucional se decide, el ciudadano «está tranquilo porque le seguimos prestando el servicio», sostiene Escalona. Pero, ¿se están preparando realmente los ayuntamientos ante la posibilidad de un futuro nada favorable para la autonomía municipal? En materia de estabilidad presupuestaria, sí. Las entidades locales han ajustado el número de políticos dedicados en exclusividad y la cantidad de personas de confianza. Muchas de las sociedades públicas están siendo liquidadas por no cumplir con sus funciones o tener sus cuentas más que en números rojos. Es el caso de Gelves. Este municipio cuenta con dos empresas públicas: Promoción Local de Gelves que se encargaba, sobre todo, de las promociones urbanísticas y Puerto de Gelves sociedad que vela por el mantenimiento y promoción del único puerto fluvial de la comunidad. Ambas están endeudadas, pero su utilidad marca su pervivencia. Mientras que Promoción Local de Gelves no tiene actividad, la empresa encargada de las instalaciones portuarias sí que cumplen una función social. Por este motivo, el Ayuntamiento de la localidad se encuentra en proceso de liquidar la primera y trabajando para poner a cero los números rojos de Puerto de Gelves antes del 31 de diciembre de este año fecha tope que marca la ley estatal para asegurar la viabilidad de las empresas públicas. El problema de la adaptación de las políticas a la ley llega en materia de competencias y servicios públicos, donde ha habido «una parálisis», según Fernández Figueroa, después de que la Junta de Andalucía saliera al paso con la aprobación de un decreto ley para blindar las competencias que la comunidad autónoma le reconoció a los ayuntamientos en la Ley Andaluza de Autonomía Local (Laula). Hasta el momento, la administración autonómica ha delegado muchos servicios, como la asistencia a la dependencia o el mantenimiento de los centros de Educación Primaria, a los consistorios. Delegaban la gestión, pero el coste del servicio corría a cargo del propio gobierno municipal, lo que ha llevado a la gran mayoría de ellos a acumular deudas. Un ejemplo de actualidad es el de los talleres de empleo de la Mancomunidad de Fomento y Desarollo del Aljarafe. Mientras que es la Junta de Andalucía la que debe transferir el dinero para pagar las nóminas, a día de hoy están bloqueadas, y el organismo comarcal ha tenido que salir del paso y hacer frente a unos pagos que no pueden afrontar una decena de ayuntamientos con la solicitud de un préstamo bancario. Precisamente es la Junta de Andalucía, según los alcaldes, la administración que más problemas tendría a la hora de que el Constitucional rechazara el recurso a la ley. Una tesitura a la que le temen muchos regidores como el de Coria del Río, el andalucista Modesto González, quien asegura que será el gobierno de la comunidad autónoma el que «tendrá que asumir la gestión que hasta ahora tenía delegada, además de su financiación». Le temen porque aseguran que es el camino para la privatización de muchos servicios, pese a que en la nueva normativa local no lo refleje. Así los cree el alcalde de Arahal, Miguel Ángel Márquez (IU). La Escuela de Música del municipio arahelense sería una de las damnificadas, ya que con la limitación de competencias todas aquellas iniciativas en materia de Educación impulsadas por los ayuntamientos pasarían a las manos de la Junta de Andalucía, «y probablemente luego se privatizarían para asegurar su superviviencia», apunta Márquez. «Esto iría en perjuicio de los ciudadanos ya que tendrían que pagar cuotas más altas», recalca el regidor de Izquierda Unida. Y aunque cabe la posibilidad de que se dé esta circunstancia, Márquez asegura que en su Ayuntamiento no se están preparando «para esta eventualidad». No todos son férreos detractores de la ley impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El alcalde de Gelves, el popular José Luis Benavente, asegura que la normativa era algo que se venía reclamando desde la administración local desde hace tiempo. Y aunque reconoce que la ley de estabilidad presupuestaria es «un gran obstáculo para la gestión de los ayuntamientos», el popular cree que «si no se hubieran cometido tantas barbaridades ni se hubiera gastado más de lo que se ingresaba, los consistorios no estarían con el agua al cuello». Por eso esta ley viene a corregir los deberes que muchos ayuntamientos ya venían cumpliendo, pero en los que otros estaban rezagados. Ejemplo de buen hacer son, entre otros, los municipios de Aznalcázar y Gelves. Mientras que la localidad regida por Escalona llevaba siete años ajustando las cuentas para poner a cero las deudas, el consistorio de Benavente no ha tenido que reajustar las nóminas a los límites marcados por la ley «porque están muy por debajo del máximo». La clave, según Escalona, «hacer una gestión responsable de lo que tiene, entra y sale para ofrecer al ciudadano un servicio digno». Arahal es otro de los ejemplos de ayuntamientos que se adelantaron a las exigencias marcadas por la ley. Probablemente por este motivo Márquez sea tan crítico y asegure que «no hace falta que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, venga a poner cordura», cuando su Ayuntamiento cumple con los sueldos que en municipios como el de Arahal, con una población cercana a los 20.000 habitantes, está fijado en torno a 50.000 euros. Mientras que el Tribunal Constitucional se decide, desde el Observatorio de Gobierno Local invitan a los ayuntamientos a preparse para un futuro en el que la incertidumbre es la única realidad. Aunque la comunidad autónoma también tendrá que tomar nota si no quiere verse en medio de un vorágine de cambio legislativo y asegurar un gobierno local seguro.
