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Los recortes en VPO se pactarán en tres comisiones

Sindicatos y empresarios avisan de que no aceptarán una rebaja del Plan Concertado de vivienda, tal y como pretende la Junta

el 10 ene 2011 / 21:16 h.

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La Junta convocó ayer al fin a empresarios, sindicatos y ayuntamientos para analizar el futuro del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, en el aire por los recortes estatales y por la restricción del crédito. La comisión de seguimiento no se reunía desde que Juan Espadas era consejero. El Gobierno andaluz quiere rebajar las expectativas del plan -que prevé la construcción de 132.000 nuevas VPO- y pactarlo con los agentes socioeconómicos, pero ayer no se lo dijo explícitamente a las partes. La manera de retocar el plan se decidirá en tres grupos de trabajo, enmarcados en la Concertación, que celebrarán reuniones semanales y que tendrá los resultados en el primer semestre del año.


Los sindicatos y empresarios dejaron claro que no aceptarán una "revisión a la baja" de los objetivos de la Junta en materia de vivienda. Sostienen que, aunque el Gobierno haya eliminado la ayuda a la entrada en la compra de una VPO, la Junta tiene "la obligación" de cumplir el plan tal como está firmado y de aportar al mismo los recursos que falten.
El secretario general de Vivienda, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidió la reunión, admitió a Europa Press que el tijeretazo del Gobierno afectará a Andalucía "y a todas las comunidades", pero desde la consejería quisieron poner en valor el convenio firmado entre ambas administraciones a finales de diciembre que trajo la paz a meses de rifirrafes. El Ejecutivo aceptó la propuesta de Andalucía de aumentar de 10 a 15 los años en los que ayuda a pagar los intereses de la hipoteca.


Pero la caída del Presupuesto andaluz en materia de vivienda, el bloqueo de los préstamos bancarios y el cambio en las preferencias ciudadanas son motivo suficiente, según la Junta, para modificar el Plan Concertado. La consejería asegura que las previsiones que contempla están "sobredimensionadas" y también la estimación que el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) hizo sobre las 300.000 VPO que necesitará Andalucía hasta 2017. Este estudio motivó la firma del Pacto Andaluz por la Vivienda, también papel mojado. La Junta se agarra a que los registros municipales de demandantes están demostrando que los andaluces prefieren optar a una VPO en alquiler -la mayoría con opción a compra- que en propiedad. Sindicatos y patronal afirman que la demanda no ha bajado.

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