Cerca de 800.000 ciudadanos búlgaros y rumanos que viven en España podrán solicitar ya un trabajo por cuenta ajena, ya que el pasado diciembre terminó la moratoria laboral que pesa sobre ellas desde que el 1 de enero de 2007 sus respectivos países entraron a formar parte de la UE.
La citada moratoria es un mecanismo contemplado en los tratados de adhesión de ambos Estados que permite al resto de países miembros aplicar un periodo transitorio a la libre circulación de trabajadores por cuenta ajena. Este plazo puede prolongarse hasta siete años en tres fases, la primera de las cuales debe durar dos años y para cuya renovación es preciso informar primero a la Comisión Europea. El Gobierno de España decidió el pasado 19 de diciembre omitir este trámite, dando por finalizadas así las restricciones a los trabajadores búlgaros y rumanos.
Según los últimos datos actualizados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en España viven 143.035 búlgaros y unos 130.000 tienen entre 16 y 65 años de edad. Asimismo, el Gobierno ha computado 715.750 rumanos, de los que son unos 650.000 los que se encuentran en disposición de trabajar, conforme los cálculos de la embajada de Rumanía en España.
Fuentes consulares explicaron en declaraciones a Europa Press que el 20% de los inmigrantes rumanos está ya trabajando en calidad de autónomo y son "bastantes" los que tienen formalizado un contrato por cuenta ajena. Asimismo, la Embajada afirma que son numerosos los ciudadanos que han pedido información sobre la posibilidad de volver a Rumanía, dado el crecimiento económico que experimenta el país. Este crecimiento fue la razón que impulsó al Gobierno de España a no renovar la moratoria laboral pues según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "atendiendo a la situación en que se encuentran los países de Rumanía y Bulgaría y los flujos migratorios actuales es probable que a medio plazo se den un poco al revés".
Posible regreso. Así, el Gobierno espera que "sean muchos los ciudadanos rumanos y búlgaros que están actualmente en España los que tal vez tengan un interés de vuelta", continuó De la Vega, en línea con las pretensiones de sus respectivos gobiernos, ambos inmersos en campañas de promoción para atraer a la población activa emigrada al continente europeo.
Además, tal como matizó la vicepresidenta del Gobierno español, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se reserva hacer "un balance" al cabo de los próximos seis meses para evaluar el impacto que la no renovación de la moratoria haya tenido sobre el mercado laboral español y en su caso, fijar nuevas restricciones.
