Sevilla, al igual que el resto de ayuntamientos ha alzado la voz ante su asfixia económica. Las cuentas no salen. Las competencias aumentan, los tributos se congelan y las transferencias de otras administraciones no suben. Uno de cada tres euros -casi 400 millones- se destina a competencias impropias.
El Ayuntamiento atraviesa una díficil situación económica, producto de una serie de reformas legales congeladas desde hace años. La Federación Española de Municipios ha elevado el tono de sus protestas en los últimos días. Las conocidas como "competencias impropias" -aquellas que no le correponden a las administraciones locales, pero que son asumidas por éstas por ser las instituciones más cercanas- no paran de aumentar y representan más del 30% del gasto, por encima incluso de la media nacional -unos 400 millones de los presupuestos, más del doble que Málaga, que cifra esta cantidad en 150 millones-. En este listado entras cuestiones como la educación y la seguridad.
Estos servicios aumentan ante la cercanía de la administración local. Pero los ingresos no siguen el mismo ritmo. Las trasnferencias estatales y autonómicas están prácticamente congeladas. El único recurso son los impuestos, el urbanismo y la actividad económica. Y el escenario es desalentador para los alcaldes: subir los tributos es una medida impopular y la inestabilidad económica no da alternativas.
El presupuesto global del Ayuntamiento de Sevilla, incluidas las empresas municipales, asciende en 2008 a 1.382 millones de euros. De éstos, sólo unos 314 provienen de recursos delegados por otras administraciones. Hay tres vías: la participación en los tributos estatales -como el IVA, el IRPF y los impuestos específicos-, que corresponde sólo a las grandes capitales; las transferencias corrientes -el mayor bloque con 280,4 millones de euros en el presente ejercicio- y las transferencias de capital enmarcadas en programas concretos -con una aportación de seis millones este año-.
Con estas cifras se obtiene prácticamente el 40% del presupuesto de la Corporación municipal. Pero al relacionar la cantidad transferida con el gasto global del Ayuntamiento en todos los servicios -incluidos los que prestan las empresas municipales como Tussam, Lipasam o Emvisesa-la cifra cae a un 20%. Precisamente, estas sociedades son las que soportan una mayor lastre por su propio carácter: son prestaciones públicas que se cobran a precios por debajo del coste real de los servicios.
Es cierto que en los últimos cuatro años, el dinero transferido al Ayuntamiento por otras administraciones ha aumentado. Prácticamente ha subido un 28%, al pasar de 243 millones en 2005 a 313 millones el presente ejercicio. Pero este aumento está por debajo del crecimiento que ha experimentado el presupuesto consolidado de la Corporación -sin incluir las empresas municipales- que ha crecido un 35% en este tiempo.
Las reformas que solicitan ahora los ayuntamientos no sólo plantean un aumento de estas transferencias para hacer frente a las competencias actuales. También incluyen más capacidad de maniobra para regular los tributos locales. Especialmente el Impuesto sobre Actividades Económicas y el que recarga la subida del valor de los terrenos.
