Las siete autoridades portuarias de Andalucía tendrán más autonomía para poder gestionar su negocio. Así, un puerto que racionalice la inversión y reduzca costes podrá abaratar sus tarifas. Esto inaugura la competencia entre las infraestructuras estatales, que han aplaudido la medida.
El Gobierno central aprobó el 27 de marzo la reforma de la Ley de Puertos, una modificación prometida la legislatura pasada pero que permanecía enquistada por la falta de consenso. El Consejo de Ministros dio luz verde por fin a un texto que busca modernizar el sector y abrir la puerta a la competencia entre estas infraestructuras.
En Andalucía hay siete Autoridades Portuarias -Almería, Huelva, Algeciras, Cádiz, Málaga, Sevilla y Motril- a las que les afectará la reestructuración de la norma. La novedad más importante es que de ahora en adelante podrán fijar sus propios precios en función de su situación concreta, es decir, de los ingresos, gastos o nivel de endeudamiento que tengan. Esto hará posible una reivindicación que viene de largo: que los puertos ganen autonomía para llevar su negocio.
Hasta ahora, las tasas portuarias estaban recogidas en la ley. Se partía de un puerto ideal, algo así como el promedio del sistema portuario -explican fuentes del Ministerio de Fomento- y aplicando una fórmula se calculaban las tarifas de cada infraestructura.
Ahora la fórmula cambia radicalmente. Un puerto que realice una buena gestión, que reduzca por ejemplo sus gastos de explotación, podrá ofrecer precios más bajos a las empresas de mercancías que pasen por él. "Esto provocará una competencia ordenada", añadieron las fuentes.
Los gestores de estas infraestructuras aplauden la medida. "Poder ajustar los precios al coste real de la prestación del servicio es un paso más para nuestra autonomía", asegura Enrique Linde, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. Cree que la liberalización de las tarifas es un "acicate" para administrar mejor el negocio, pero aclara que no a todos les vendrá bien. "Hay puertos a los que por su ubicación o por tener un tráfico menor les será más difícil competir", explica.
El presidente del Puerto de Motril, Ángel Díaz, dice que sentirá esta desventaja. "Los puertos pequeños contamos con menos margen de maniobra. Tendremos que pelear como David contra Goliat", señala. No obstante, insiste en que la competencia "obligará a realizar una gestión más responsable". También valora "positivamente" la reforma legal el presidente del Puerto de Huelva, José Antonio Marín Rite, que considera que la posibilidad de establecer las tarifas "ayudará a modernizar el sector".
El proyecto de Ley de Puertos pasará en breve a las Cortes para su debate y aprobación. El sector de estiba -carga y descarga de mercancías-, que protagonizó en España sonados paros contra la norma, confía en limar algunos aspectos en este trámite.
Los estibadores critican que la norma afecta a su estabilidad laboral. El texto establece que las empresas dispondrán de personal de plantilla para cubrir, al menos, el 25% de las jornadas.
