Hoy ha entrado en vigor la normativa del Ministerio de Sanidad que regula la asistencia sanitaria pública en España, que dejará sin la tarjeta a los 153.000 inmigrantes que están en situación irregular.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó claro que los inmigrantes en situación irregular seguirán recibiendo asistencia médica a partir hoy a pesar de no tener tarjeta sanitaria, pero advirtió de que tendrán que "buscar los mecanismos necesarios para el reintegro y reembolso de los gastos ocasionados", salvo que las autonomía decidan sufragar la atención.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría quiso "poner algunos puntos en claro" en una cuestión en la que, a su juicio, existe cierta "confusión de conceptos". Y explicó que España actúa en la línea de lo que se hace en el resto de la UE cuando se atiende a alguien que no tiene tarjeta, que es pedir que se abone la cobertura recibida. "Cuando van a otro país, España paga por ustedes", explicó la vicepresidenta.
Las comunidades podrán, aplicando sus competencias, decidir "cómo van a sufragar esa atención sanitaria". Se estaba refiriendo así veladamente al País Vasco, Galicia, Cataluña, Asturias, Canarias y Andalucía, que se han mostrado en contra de aplicar esta medida, que restringe la sanidad pública a los sin papeles.
En este sentido, precisó que las autonomías pueden decidir si costearles la asistencia pero no a darles tarjeta sanitaria y, por tanto, "a exportar los derechos que ésta le confiere".
"No tener derecho a la tarjeta sanitaria no quiere decir que no lo tengan a la asistencia sanitaria, sino que no lo tienen utilizando una tarjeta que les confiere derechos para uno mismo y para sus familiares", concluyó tajante la vicepresidenta.
Cuando se preste asistencia sanitaria a quienes no tengan residencia legal, la cobertura se tendrá que abonar. "No va a haber desatención sanitaria". Sanidad anulará hoy la tarjeta sanitaria de los inmigrantes en situación irregular, y a los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social al considerar que no pueden ser beneficiarios del Sistema Nacional de Salud.
Mientras, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, advirtió de que las regiones que no cumplan su objetivo de déficit deben "atenerse al paquete básico" del Sistema Nacional de Salud. Así, el popular avisaba a las comunidades que, como Cataluña, anuncian que seguirán atendiendo a inmigrantes irregulares como hasta ahora a pesar de haber solicitado el rescate del Gobierno.
Por su parte, la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, lamentó que el Ejecutivo haya provocado que cada autonomía haga "lo que quiera" en la atención a inmigrantes. "Ha provocado un lío tremendo, todo un monstruo de Frankenstein de diecisiete cabezas".
