Los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF han cifrado en el 75,30% el seguimiento hasta el mediodía de la huelga en la función pública convocada para la jornada de hoy por estas organizaciones.
La cifra contrasta con la dada hasta ahora por el Gobierno, que ha calculado un seguimiento del paro en la Administración General del Estado del 15,94% durante el turno de noche, aunque hasta las 13.00 horas no ofrecerá los datos de la mañana.
El secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT -sindicato mayoritario en la función pública-, Julio Lacuerda, que fue el que dio el dato de seguimiento, señaló en cualquier caso que el Gobierno "haría mal" en "entrar en una pelea de datos". En su opinión, es un error pensar que "el malestar de los miles de trabajadores se puede medir por el seguimiento de una huelga", porque dicho malestar, añadió, es "mucho más profundo".
Lacuerda hizo estas declaraciones durante la concentración convocada en Madrid a las puertas del Ministerio de Economía para protestar por la reducción salarial de los empleados públicos, de una media del 5%, aprobada por el Gobierno y que ha provocado la convocatoria de esta huelga.
El responsable de UGT señaló que los sindicatos "no pararán" hasta que se restituya el salario de los empleados públicos, "sea cual sea el Gobierno que gobierne", porque recortar sus sueldos "significa despreciar el trabajo y la dignidad de miles de personas".
En el mismo lugar, el secretario general de la Federación de Servicios para la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, señaló que los sindicatos están "ilusionados", y auguró un resultado positivo en el conjunto de la jornada.
Ante la diferencia entre las cifras sindicales y del Gobierno, Fossoul recordó que el Ejecutivo "siempre dice que son menos" los participantes, "porque para eso les pagan" y añadió que "no hay ninguna huelga en la que la patronal, que en este caso es el Gobierno, coincida con los sindicatos, y eso es sano".
"Recortar los salarios a los más débiles no es la solución para salir de la crisis porque mermará la capacidad del consumo", señaló el dirigente de CCOO, quien rechazó el argumento de que esta medida haya sido impuesta en Europa, porque otros países de la región han optado por otras vías como la de la fiscalidad para reducir el déficit. "Por tanto quién decide es el Gobierno", añadió.
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), Domingo Fernández, señaló por su parte que el gasto debería haberse recortado de otras partidas, y en este sentido denunció que las administraciones públicas autonómicas y locales han vivido "en el despilfarro" en los últimos años. Fernández también abogó por acabar con los "miles" de asesores que hay en estas administraciones.
El Gobierno cifra el seguimiento en un 15,94%. Por su parte, la secretaria de Estado española de la Función Pública, Consuelo Rumí, cifró en el 15,94% el seguimiento de la huelga en el turno de noche en la Administración General del Estado. Este fue el primer dato de seguimiento ofrecido en rueda de prensa por Rumí, quien destacó "la normalidad" como nota predominante de la jornada de paro en el sector público. En Madrid funciona con normalidad el transporte público (ya que sus plantillas no están afectadas), mientras que en la región de Cataluña (noreste) los trenes tendrán un 50% del servicio habitual.
Con este recorte salarial, el Gobierno ha previsto ahorrarse 2.300 millones de euros este año (2.830 millones de dólares) y otros 2.200 millones más en 2011 (unos 2.700 millones de dólares).
Para las centrales sindicales mayoritarias, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de los Trabajadores (UGT), ambas medidas son "injustas, desequilibradas y antieconómicas". El de hoy es el quinto paro que secunda el sector público español desde 1988.
El primero de ellos fue de dos horas el 24 de noviembre de 1988 contra la política social del Ejecutivo, también socialista, de Felipe González, contra el que más tarde se convocó la huelga general del 14 de diciembre de ese año. Los siguientes paros, de 24 horas, fueron el 26 de noviembre y el 15 de diciembre de 1992, también contra González, y por la congelación salarial de los funcionarios para 1993, la suspensión de la cláusula de revisión y de la oferta de empleo público.
El 11 de diciembre de 1996, se produjo la primera movilización, de 24 horas, contra el Gobierno del Partido Popular, entonces en el poder, por la congelación salarial aprobada para 1997.
