Gobierno y sindicatos pactaron el viernes una subida salarial del 0,3% para los funcionarios y una oferta de plazas que cubrirá el 15% de las jubilaciones. La Junta dejó claro que calcará ese acuerdo, pero los sindicatos andaluces exigen mejorarlo. Alegan que sus colegas estatales tienen otros complementos y que Andalucía sufre más paro.
Mientras Gobierno central y sindicatos negociaban, no sin tiras y aflojas, las condiciones laborales de los funcionarios con la crisis como telón de fondo, la Junta de Andalucía ya alertaba de que tocaba apretarse el cinturón y aplicaría a sus empleados públicos exactamente lo mismo que se acordara en Madrid. Pero los sindicatos rechazan ese calco y exigen una negociación propia.
El acuerdo estatal -suscrito por UGT, CCOO y CSI-CSIF- fija las condiciones de los funcionarios del Estado pero también los mínimos que deben aplicar las comunidades a los empleados públicos de las administraciones autonómicas. Los sindicatos andaluces recuerdan que tradicionalmente la Junta ha mejorado esas condiciones porque el mínimo lo paga el Estado. "¿Qué va a aportar entonces la Junta de su presupuesto?", cuestiona el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT , Antonio Tirado. Y añade, al igual que su colega de CCOO , Felipe Falcó, que los funcionarios del Estado cuentan con un plus de plan de pensiones -que también subirá un 0,3%- del que carecen los empleados públicos andaluces.
"En Andalucía no tenemos ese fondo de plan de pensiones, y tampoco es estrictamente necesario porque la mayoría de los funcionarios de la Junta pertenecen al régimen general de la Seguridad Social, no a mutuas para empleados públicos como en Madrid. Pero la Junta debería aportar ese extra y destinarlo a otros fines", señala Falcó.
El portavoz de CCOO rechaza especialmente la tasa de reposición acordada en Madrid, que prevé en 2010 ofertar plazas para cubrir sólo el 15% de las jubilaciones: "Sí aquí se propone eso, no estaremos de acuerdo. En Andalucía debe mejorarse porque si algo hace falta es crear empleo, con la tasa de paro que tenemos".
UGT y CCOO, pese a que sus centrales nacionales han firmado el acuerdo estatal, exigen mejoras para Andalucía y critican que, al pretender calcar el pacto de Madrid -según la intención expresada reiteradamente por la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Begoña Álvarez, y el propio presidente José Antonio Griñán- la Junta "hace dejadez de sus funciones" al renunciar a una negociación propia de las condiciones de sus empleados. Mientras, el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) , Juan Romero, dice "no entender que otros sindicatos hayan firmado eso" y recuerda que los empleados públicos andaluces "acumulan pérdidas de su poder adquisitivo porque hay un acuerdo de 2003 que reconoce un fondo adicional para corregirlo que no se está aplicando".
"Entendemos que por la situación económica hay que ser razonables en las peticiones, pero lo que no puede ser es que en tiempos de crisis siempre la austeridad la aplican al personal a su servicio, en vez de a reducir empresas públicas que nos quitan trabajo, por la externalización de servicios públicos, y además son superruinosas. Siempre se recorta por el mismo sitio y entre los funcionarios hay de todo, también mileuristas", subraya Romero.
Aunque UGT, CCOO, CSI-CSIF y SAF -representados en la Mesa Sectorial- afirman no haber tenido ningún contacto aún para abordar este tema, la Consejería de Justicia asegura estar en permanente diálogo con ellos y percibir comprensión ante la necesidad de contención. "Supone un nuevo ejercicio de responsabilidad" y "otra aportación más" del colectivo para una "pronta salida de la crisis" y para mantener en los presupuestos de 2010 "los niveles de cobertura social a los más desfavorecidos", afirman fuentes de este departamento.
