El Gobierno andaluz firmará hoy el acuerdo con UGT y CCOO para modificar el polémico decreto-ley que reordena el sector público. Aunque estos dos sindicatos son los únicos con voz y voto en la mesa de Concertación Social, la realidad es que no tienen representación mayoritaria entre los funcionarios públicos y el personal de la administración. Por eso, a pesar de que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, puso ayer mucho énfasis en el Parlamento al subrayar el acuerdo con UGT y CCOO, los sindicatos de funcionarios CSIF, SAFJA y USTEA dejaron claro que, para ellos, no sólo no se aclara nada sino que el acuerdo carece de legitimidad. Por ello mantendrán los recursos judiciales (el PP también lo ha llevado al Constitucional) y la movilización en la calle.
El jueves por la noche, la Junta aceptó una de las principales reclamaciones sindicales: que ningún empleado de la administración, funcionario o laboral, podrá ser obligado a incorporarse a las nuevas agencias públicas que se crearán para absorber a las 111 empresas que se eliminarán para mejorar la gestión del ente público. "El acuerdo", dijo Aguayo, "garantiza los derechos adquiridos de los empleados públicos, elimina las dudas interpretativas y aclara todas las cuestiones que han provocado confusión en las últimas semanas". En el documento se hace mención especial al personal funcionario y laboral que presta sus servicios en la Agencia Andaluza del Agua que, una vez extinguida, se integrará en la estructura de la Consejería de Medio Ambiente, para lo cual previamente, "se negociarán con los firmantes de este acuerdo los criterios de integración en esta consejería". Una vez culminada la negociación, la consejería modificará la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El personal funcionario y laboral de la administración general de la Junta se integrará "en todo caso con carácter voluntario" en las agencias públicas empresariales. El acuerdo contempla que los trabajadores procedentes de empresas, fundaciones y otros organismos que se incorporen a las agencias recogidas en el decreto ley o aquellas que en el futuro se pudieran crear "serán subrogados en todos sus derechos en aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores", informa Europa Press.
Pero CSIF (el sindicato mayoritario de funcionarios) sigue pensando que "el acuerdo no modifica nada". La presidenta del sector autonómico en CSIF, Alicia Martos, denunció ayer que el funcionario que pase a la agencia sigue perdiendo derechos porque lo hará como laboral y aunque el traspaso es voluntario "a alguno no le va a quedar más remedio si desaparece su puesto y sus funciones las asume la agencia". Además insistió en que se da categoría de empleado público a los 20.000 externos que no han accedido a la administración "según los principios de igualdad, mérito y capacidad ni por procedimiento público". Para CSIF, el objetivo del decreto es "una operación de blanqueo del empleo clientelar de 35.000 trabajadores, familiares y allegados del partido que sustenta a la Junta".
Desde SAJFA, el vicepresidente José Manuel Mateo criticó la falta de "democracia" de la Junta que "sólo negocia con quienes no le chistan". También cuestionó la voluntariedad de los funcionarios para pasar a las agencias y denunció que "por recolocar a 20.000 enchufados se cargan el puesto de los que han hecho su oposición". Mateo afirmó que el decreto abre la puerta al acceso a la administración a personal no funcionario cuando el hecho de que ésta esté en manos de este personal es "una garantía para el ciudadano".
Aguayo defendió ayer el marco de la Concertación para el acuerdo, una Concertación que también hoy retomará sus reuniones técnicas tras el parón denunciado por UGT y CCOO.
