Que las relaciones entre los sindicatos y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en las últimas semanas son peores que nunca es una realidad que se hace patente sólo con ver la respuesta de CCOO y UGT ante la reforma laboral que el Ejecutivo ha aprobado esta semana, una huelga general. Ayer, en la ronda que los líderes de ambas formaciones sindicales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, mantuvieron con distintos grupos parlamentarios, esta fractura se hizo más evidente, ya que pidieron cambios en el Gobierno.
Así, destacaron el "desencuentro radical" con el grupo parlamentario del PSOE durante la reunión con su portavoz, José Antonio Alonso, para abordar el decreto ley de reforma laboral.
No obstante, Méndez y Toxo anunciaron que enviarán al grupo socialista, así como al resto de partidos políticos con representación parlamentaria, un conjunto de propuestas concretas y detalladas y que confían en que "sean receptivos". Méndez explicó que estas iniciativas son para modificar medidas sustanciales que afectan, por ejemplo, al futuro de la negociación colectiva.
Por su parte, Toxo apuntó la necesidad de un cambio en la dirección política del Gobierno, aunque puntualizó que no está de acuerdo con un adelanto electoral, ya que "en el escenario actual de crisis no es lo mejor". Además, aseguró que el Ejecutivo está agotado y necesita "casi con toda seguridad de otras personas al frente de departamentos muy importantes". El que esto se extienda al presidente del Gobierno deberán determinarlo los propios socialistas, dijo. En respuesta a ello, Alonso, tachó de "injustas" las palabras de Toxo, al tiempo que criticó "la indefinición calculada" que, en su opinión, están mostrando algunos partidos con respecto a la reforma laboral aprobada el miércoles por el Consejo de Ministros.
Más fructífera fue la reunión con IU e ICV, que transmitió a los sindicatos su voluntad de votar contra la norma, mientras que el PNV prometió estudiar sus propuestas. En cualquier caso, Toxo aludió al "tacticismo" de los grupos con los que se han reunido -también se han visto con CiU, que no ha decidido aún si votará a favor o se abstendrá, y ERC-, y avanzó su intención de concretar una entrevista con el PP.
Por su lado, el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que el Gobierno no aceptará enmiendas al modelo de reforma si afectan a su objeto central o la desvirtúan y que "en absoluto" le preocupa dejar de ser ministro. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, se mostró "segura" de que conseguirá reunir los apoyos "suficientes" para convalidar en el Congreso el decreto ley. Menos convencido de sus bondades se mostró su antecesor en el cargo, Pedro Solbes, que indicó que cuando analiza la reforma laboral, "a uno le queda la duda de si será suficiente.
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, señaló ayer que lo que menos le gusta de la reforma es que no se ha explicado lo suficiente para qué se hace.
Desde Bruselas, Zapatero dijo que ninguna reforma laboral por sí misma crea empleo, pero se mostró convencido de que la aprobada por su Ejecutivo facilitará ese objetivo y fomentará la estabilidad. La canciller alemana, Angela Merkel, calificó de "muy importantes" las medidas de España, especialmente las relacionadas con el mercado laboral.
Juez con la última palabra
El Gobierno prefiere que sea el juez el que decida cuál es la "situación económica negativa" por la que, según el decreto de la reforma laboral, una empresa podrá recurrir al despido objetivo de sus trabajadores. Así lo admitió el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en una entrevista que ayer publicó el diario Público. El decreto entiende que las causas económicas que justifican el despido objetivo concurren "cuando de los resultados de una empresa se desprenda una situación económica negativa". Aunque Corbacho citó las pérdidas como la causa económica, en el decreto no figuran como tales, y la norma se limita a decir que la empresa "tendrá que acreditar los resultados alegados".
Límite al contrato por obra
Los trabajadores con contratos por obra o servicio determinados podrán adquirir la condición de fijos en la empresa si dicho contrato supera los tres años de duración, ampliable hasta cuatro si se acuerda en convenio colectivo. Éste es uno de los cambios introducidos en el decreto ley de reforma laboral, ya que en el borrador anterior el plazo era de dos años prorrogable a tres. Estos contratos no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por convenio. El decreto establece que serán fijos los trabajadores que en 30 meses hubieran estado contratados durante más de 24, para el mismo o diferente puesto con la misma empresa y con dos o más contratos temporales.
