El taxi del Aljarafe amenaza con dejar sin servicio e incluso con echarle el cierre a la emisora después de que la Mancomunidad Aljarafe le haya comunicado que Tomares saldrá oficialmente este miércoles del área de prestación conjunta, el modelo que desde 2007 regulaba este transporte público en los 31 municipios de la comarca. Y es que, pese a lo mucho hablado y debatido el último año y medio, ni Tomares (cinco licencias) ni Bormujos (cuatro) ni Mairena del Aljarafe (24), que fue el primero en decidir su marcha, habían completado los trámites para salirse del consorcio.
La salida de Tomares abre una profunda brecha entre la Mancomunidad del Aljarafe y una mayoría de los 135 taxistas que operan en la comarca. El presidente de la Unión del Taxi del Aljarafe, Joaquín Miranda, convocó este martes a los asociados para emplazarlos a iniciar movilizaciones. “Si se van Tomares, Bormujos y Mairena del Aljarafe, los que quedamos no podemos asumir el coste de la emisora”, argumentó, recordando que tienen a cinco locutores a su cargo. Por ello, no ven más salida que estas medidas de presión, ya que consideran que con la marcha de Tomares “se empieza a destruir el mejor servicio de taxis de esta comarca en su historia”.
Los taxistas se sienten “engañados”, porque les habían asegurado desde la Mancomunidad del Aljarafe que no se iría ningún pueblo al menos hasta después de las elecciones municipales del 22 de mayo, y de hecho, porque estaba casi amarrado que Bormujos y Tomares se quedarían tras replantearse sus consistorios la situación con cambios que beneficiarían a los dueños de licencias en sus términos municipales.
Sin embargo, el anuncio de Tomares termina por dinamitar la ya de por sí delicada relación de los taxistas con las instituciones. “Entre el PP, que gobierna en Bormujos y Tomares, y el PSOE, que lo hace en Mairena del Aljarafe y gestiona la Mancomunidad del Aljarafe y la Junta de Andalucía, se van a cargar este sistema”, exclamó.
De hecho, la Unión del Taxi del Aljarafe tiene previsto denunciar a las administraciones, “por dejación de funciones y en algunos casos por abuso de autoridad dentro de sus municipios”, según consta en el escrito firmado por el presidente del gremio. En el primero de los casos es un ataque directo a la Consejería de Obras Públicas y la Mancomunidad del Aljarafe a las que, según aseguran, les pidieron una reunión el pasado 1 de marzo sin haber recibido respuesta. El segundo caso va más dirigido a los incidentes en Bormujos, donde hay denuncias cruzadas entre la Policía Local y los taxistas por, según éstos, impedirles prestar servicio en el pueblo pese a que la salida todavía no es oficial.
Mientras en Mairena del Aljarafe la situación también es irreversible, a falta de un trámite, en Bormujos van más atrasados en el proceso. El gerente de la Mancomunidad del Aljarafe, Tomás Botín, manifestó que ellos han agotado “todas las vías para que no se vayan, pero si cumplen los trámites, y al ser cada municipio autónomo para decidir en esto, no se puede hacer nada”.
FRACASO DE UN MODELO BUENO PARA EL USUARIO.
La historia del área de prestación conjunta del taxi es un relato de desencuentros en el primer consorcio de este tipo que se creó en Andalucía, todavía no hace cuatro años, dentro de interés por unificar determinados servicios y garantizar que este transporte público llegaba, y con calidad, a todos los pueblos, incluidos aquellos más pequeños que no tienen flota.
Se buscaba además abaratar los precios a los usuarios al considerar como un término municipal único la comarca en lugar de fijar un extra cada vez que se abandonaba un pueblo, con lo que se suprimía el conocido como retorno. De hecho, las tarifas se redujeron en torno al 30% para el usuario y, además, con un servicio garantizado para las 24 horas.
Sin embargo, esta medida que en un principio parecía nacer con el beneplácito de todos, se topó con una realidad: con la libre competencia muchos empezaron a perder. Especialmente con la llegada de la crisis y en los de los municipios más poblados y cercanos a Sevilla, que precisamente es el caso de los tres declarados en rebeldía por ahora. Si tenían libertad para cargar, en su hasta entonces territorio, taxistas de otros pueblos con menos demanda, el pastel había que repartirlo y cabían a menos.
Por eso se movilizaron para salir del área de prestación conjunta, y sus respectivos consistorios, con independencia del color político, decidieron defender los intereses de los suyos por encima de los de un área metropolitana en la que no todos terminan de creer. Esto puede servir de desalentador ejemplo para otros puntos del área metropolitana que estudiaban la fórmula, como Los Alcores y el Bajo Guadalquivir.
