La asociación mayoritaria del sector del taxi ya tiene definido su modelo de nueva ordenanza. Se limitará el número de licencias a dos por cada 1.000 habitantes -ahora hay más de tres-, se especificarán las sanciones económicas y se reforzarán los mecanismos para fijar servicios mínimos.
El equipo de Gobierno ha reabierto el debate sobre la necesidad de renovar la ordenanza que regula el sector del taxi tras los últimos fraudes detectados en Feria. Unión Sevillana del Taxi tiene ya definidas algunas de sus propuestas tras un encuentro de diversos colectivos celebrado en Almería.
Sus propuestas coinciden con los planteamientos de la segunda entidad, Solidaridad Hispalense. Pese a esto, ambos colectivos cuestionan la capacidad municipal de introducir demasiadas reformas en un reglamento que depende del autonómico y del estatal, y que, según ellos, sólo requiere de mecanismos de aplicación por parte del Consistorio.
Sí hay un aspecto que, sobre todo por parte de Unión Sevillana, se introducirá en el debate: la regulación del número de licencias. En Sevilla hay alrededor de 2.200 vehículos, algo más de tres por cada mil habitantes.
La asociación mayoritaria del sector plantea que la ordenanza recoja una limitación -la actual normativa, que data de 1986, no fija un máximo-: que no deba haber más de dos por cada 1.000 ciudadanos. Esta medida, que en la práctica supone una reducción de la flota de un 30%, no se podría aplicar directamente. Pero sí tiene consecuencias: no se permitirá en ningún caso un aumento de la flota y se tendrá que activar el proceso de reducción de coches que fue aprobado en el Pleno en el pasado mandato y que ha sido congelado.
Un segundo tema que pretenden incluir en la ordenanza es el refuerzo de la capacidad del Ayuntamiento de establecer unos servicios mínimos. El modelo es el reglamento de Madrid, que recoge la siguiente afirmación en su artículo 40: "Los municipios podrían establecer la obligación de prestar servicios en áreas, zonas, paradas o franjas horarias determinadas. Deberán fijar reglas de coordinación entre los distintos titulares de las licencias, que permitan conseguir la efectiva prestación del servicio".
En estos momentos, el equipo de Gobierno asegura no contar con las herramientas suficientes para fijar servicios mínimos por las noches, de forma que la única medida que se ha podido aplicar hasta ahora es la supresión de los periodos de descansos obligatorios los fines de semana. Pese a esto, la normativa local permite ya que se tomen este tipo de medidas. El cambio sería sólo un refuerzo.
El tercer capítulo que pretenden matizar los taxistas afecta a las infracciones, el aspecto que está declarado como objetivo prioritario por la Delegación de Movilidad. El Ayuntamiento asegura que no tiene mecanismos para combatir el fraude. Pero la ordenanza de 1987 recoge expresamente con infracción muy grave "el cobro o exigencia de tarifas superiores o inferiores a las autorizadas".
No hay muchas diferencias respecto al reglamento de Madrid y a la ordenanza de Roquetas de Mar que los taxistas sitúan como referentes. La única carencia es un catálogo de sanciones. La ordenanza municipal sólo se refiere a apercibimientos y retiradas de licencias. Pero no a multas. Hasta ahora se han aplicado, pero recurriendo a la Ley estatal. La propuesta es que se especifique que las sanciones llegan a 2.260 euros.
