La juez instructora del caso Mercasevilla abrió ayer numerosos interrogantes sobre el concurso público por el que la empresa vendió a Sando su terreno por 107 millones de euros. Los dos técnicos que resolvieron el proceso trataron de justificarse, pero ambos admitieron cláusulas excepcionales con las que dijeron no estar de acuerdo.
Para la juez y para el PP -denunciante del caso- hay demasiados elementos de la venta del suelo de Mercasevilla que no encajan. Sando resultó adjudicataria de una operación millonaria por la que adquirió en febrero de 2006 un derecho de compra sobre un suelo en el que se podrían construir viviendas y servicios y tasado en más de 100 millones de euros. Pero a esa convocatoria concurrieron varias empresas. Una de ellas, el grupo Noga, llegó a hacer una oferta mejor. ¿Por qué ganó entonces Sando? En primer lugar, se optó por el concurso, cuando en la subasta se hubieran logrado cantidades superiores.
En segundo lugar, entre los criterios de puntuación se incluyó una cláusula que hasta los dos técnicos que declararon ayer consideraron excepcional: si una empresa presentaba una oferta demasiado alta -un 10% por encima de la media-, perdía. En tercer lugar, si una empresa tenía algún derecho adquirido sobre los terrenos -caso en el que supuestamente sólo se encontraba Sando- tenía más opciones de ganar. Y queda un último elemento, la firma que ganó se comprometió a abonar 246.000 euros a la fundación, la misma para la que supuestamente los ex directivos de la empresa Fernando Mellet y Daniel Ponce pidieron el pago de comisiones a La Raza. Y la misma a la que donaron dinero muchos de los participantes en la operación, como quien hizo la tasación o la firma que analizó los terrenos.
La juez llamó ayer como testigos a los técnicos que participaron en este concurso para buscar respuestas a todos estos interrogantes. Por un lado, el economista y titular de una consultora José Antonio Ripollés. Por otro lado, la alta funcionaria de Urbanismo y consejera de Mercasevilla María Victoria Bustamante. Ambos negaron ser conscientes de que se hubiera favorecido a Sando y aseguraron que en todo caso siempre recibían instrucciones bien de Fernando Mellet, bien del vicesecretario de Mercasevilla, Jorge Piñero, bien de la junta de accionistas. Pese a esto, las respuestas no cerraron los interrogantes. Ninguno de los dos se hizo responsable de la decisión de convocar un concurso y no una subasta pública. Ambos aluden a una decisión de la junta de accionistas para evitar la especulación con el suelo, que, según la funcionaria de Urbanismo, incluso iba en contra de los criterios de Fernando Mellet.
Sobre la cláusula que resta puntos a la empresa que haga una oferta demasiado alta, afirmaron que les pareció extraña, que no la vieron conveniente y que provocó que la operación fuera peor de lo posible. El Grupo Noga ofrecía 30 millones por la opción de compra frente a 5 que pagó Sando; y el cómputo global de la oferta hubiera convertido en mucho más rentable la operación. Ni Ripollés ni Bustamante señalan a nadie. Bien aluden a decisiones de órganos de dirección, bien a medidas introducidas en el borrador por Mellet o por Piñero. Y la historia se enreda más porque los dos niegan haber propuesto en una ejecutiva que una oferta alta tenga puntuación negativa como aparece en un acta.
La cláusula que beneficiaba a la empresa con derechos adquiridos queda incluso más en el aire. La técnico de Urbanismo la calificó de "una ventaja" que ella advirtió y que pudo desequilibrar la balanza. Se la atribuye a Fernando Mellet o a Jorge Piñero. Pero es que los dos desconocen si ese derecho que tenía Sando figuraba en el Registro de la Propiedad. Tampoco Bustamante pudo aclarar por qué Sando logró más puntos por ajustarse más a los requisitos del traslado.
Por último, las donaciones a la fundación. Ayer no se analizaron los 246.000 euros de Sando, pero sí las donaciones que realizó el entorno de Ripollés. Casi 10.000 euros en ropa -que atribuyó a que tras cerrar una tienda familiar donaron parte a Mercasevilla para barrios marginales- y 3.000 euros a través de la firma Forcadell Rigal, la empresa mediante la cual se realizó una de las tasaciones del suelo. En este caso Ripollés señaló a Mellet como solicitante del dinero.