Economía

Los trabajadores afectados por ERE en Sevilla caen a la mitad hasta septiembre

En los tres primeros trimestres del año, el número de asalariados involucrados en procesos de regulación de empleo se redujo hasta los 2.919 (-53%), de los que 813 fueron despidos.

el 25 nov 2014 / 08:00 h.

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bin_33347449_con_16478589Los trabajadores que se vieron afectados por los diferentes procedimientos de regulación de empleo –léase, despidos colectivos, suspensiones de contrato y reducción de jornada– en los primeros nueve meses del año se situaron en los 2.919 en la provincia de Sevilla, lo que se traduce en un descenso de algo más de la mitad (-53 por ciento, para ser exactos) en relación con los asalariados que sufrieron alguno de estos procesos en el mismo periodo de 2013, cuando repercutieron sobre 6.232 empleados. Así lo reflejan las últimas estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que determinan que el mayor descenso se registró en los expedientes de regulación de empleo (ERE) extintivos o despidos colectivos, que afectaron a 813 personas entre enero y septiembre, cifra un 61,5 por ciento inferior en comparación con los 2.112 despidos de un año antes. El desglose ofrecido, pues, queda de la siguiente manera: a los despidos colectivos se sumaron 1.190 trabajadores con suspensión de contrato (ERE temporales) y los 916 que vieron reducida su jornada laboral. Si ampliamos el marco geográfico, en Andalucía el total de afectados por alguna de las circunstancias anteriores ascendió hasta los 11.435, si bien se trata de una cifra un 44,2 por ciento inferior frente a los tres primeros trimestres de 2013 (20.508). De esas más de 11.000 personas, el grueso vio modificadas sus condiciones de trabajo vía reducción de jornada (4.871, un 30 por ciento menos), seguidos de los ERTE (temporales) que afectaron a 4.140 trabajadores (-48,5 por ciento) y los despidos, con 2.424 (un 56 por ciento menos que un año antes), de donde se extrae que se aminora el ritmo de utilización de estos procedimientos que, desde 2012, no necesitan de la preceptiva autorización de las administraciones públicas y cuyas condiciones para ser presentados se flexibilizaron en favor de la empresa. A nivel nacional, entre enero y septiembre fueron 116.826 los trabajadores que vieron modificada de alguna manera su situación laboral a través de estos procedimientos colectivos –el 60 por ciento menos–, que, además, afectaron más a los hombres (71 por ciento) que a las mujeres. Las 8.493 empresas que presentaron un ERE en cualquiera de sus variantes optaron de forma mayoritaria por suspender contratos (66.013 afectados), mientras que 25.958 empleados fueron despedidos y a otros 24.855 les redujeron de manera forzosa su jornada de trabajo, según los datos del departamento que comanda Fátima Báñez. Siete de cada diez empresas alegaron causas económicas para justificar la adopción de esas medidas, al tiempo que algo más del 20 por ciento lo atribuyó a las necesidades de producción, como razones mayoritarias. De esas 8.500 compañías, un tercio justificó el ERE por «pérdidas actuales», otro 21 por ciento se escudó en «la disminución del nivel de ingresos o ventas», mientras que solo 53 empresas se parapetaron en la «previsión de pérdidas» para plantear un expediente de regulación. Por tamaño, fueron las más pequeñas las que usaron más este recurso. El 62 por ciento contaban con entre uno y nueve trabajadores. El detalle de las actividades que desarrollaban arroja que la más perjudicada por estos procesos colectivos fue la industria (54.462 empleados), los servicios (48.724), la construcción (12.338 personas) y, finalmente, la rama agraria, con 1.302 afectados por los ajustes. Claro que cada actividad muestra preferencia por un tipo de medida. Mientras la extinción de contratos y la reducción de jornada son las opciones más frecuentes en el sector servicios, la industria se decanta por las suspensiones temporales vinculadas a la producción.

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