El alcalde de Sierra de Yeguas (Málaga), denunciado por violación por una edil de su partido (PP), salió ayer al paso de la demanda en una comparecencia pública en la que reconoció una relación de siete años con la concejal, a quien acusó de haber actuado así para sustituirlo en la Alcaldía.
¿Delito o venganza? Será la Justicia quien tenga que resolver esa cuestión, que se cierne sobre el Ayuntamiento de Sierra de Yeguas ante las denuncias cruzadas entre el regidor, Rafael Sánchez Lavado, y la primera teniente de alcalde del municipio, Josefa Torres. Ésta lo denunció la semana pasada por violación y acoso sexual y laboral; él reaccionó al día siguiente con otra demanda por injurias contra Torres, su hermana y el marido de esta última. El alcalde, que está expulsado del PP, volvió a asegurar ayer visiblemente emocionado en un acto ante su esposa y sus hijos, que no dimitirá de su cargo.
Sánchez Lavado, que ya achacó el mismo día en que fue denunciado que la demanda obedecía, dijo, a un "complot" contra su figura, compareció ayer con estos mismos argumentos y afirmó que su compañera de partido le comentó en una ocasión "que quería la Alcaldía". Presentó la denuncia contra él, argumentó, para sustituirle al frente del Ayuntamiento.
La situación está tan confusa que el viernes pasado sus propios compañeros de partido en Sierra de Yeguas les solicitaron a ambos en un escrito que dimitieran para que el consistorio no se viera envuelto en este asunto de denuncias cruzadas y recuperase su ritmo de trabajo habitual. El comunicado estaba firmado, entre otros, por Pablo Páez y Rafael Becerra, dos ex ediles que dimitieron en mayo -apenas once meses después de las elecciones municipales de 2007- y Brígida Morales, ex presidenta del PP en Sierra de Yeguas hasta que la sustituyó el regidor municipal Sánchez Lavado.
El alcalde no se consideró culpable de los hechos de los que se le acusa y lamentó que se le haya sentenciado antes de que la Justicia dictamine si es culpable o no con declaraciones como las del presidente del PP en la provincia de Málaga, Joaquín Ramírez, que le acusó de cometer un delito contra la libertad sexual de su compañera.
El abogado del alcalde, Miguel González, informó de que presentaron el 24 de julio en el juzgado de Antequera una denuncia por injurias, calumnias y amenazas condicionadas contra la teniente de alcalde y afirmó que "a día de hoy" no han recibido notificación de la denuncia que puso la teniente de alcalde.
Aseguró que Torres ejerció un "abuso de poder que desembocó en continuas irregularidades internas dentro del Ayuntamiento", por lo que le comunicó que podía peligrar su puesto de trabajo y ante ello, la edil popular amenazó, según su versión de los hechos, con que su objetivo era conseguir la alcaldía y que podía utilizar unas grabaciones de ambos "que guardaba hace años muy comprometedoras".
Estas grabaciones las esgrimió finalmente la concejal en el seno de su partido, que las consideró
suficientes para decidir la expulsión de Sánchez Lavado.
Ante esta situación, el regidor se encuentra, manifestó, de baja por ansiedad y el puesto de alcalde accidental lo ocupa su hijo Miguel Ángel. Sánchez Lavado se preguntó quién le ha otorgado "la potestad a Ramírez para asegurar que yo soy culpable y Pepi [Josefa Torres] inocente".
Sánchez Lavado insistió en que la familia Torres ha urdido un "complot" junto a la oposición y su propio partido. "He creído en una persona que ha intentado destruir a mi familia", se recriminó. "He cometido la equivocación del engaño", dijo, por lo que pidió perdón públicamente. El regidor ha remitido al PP un escrito en el que pide que suspenda su expulsión "hasta que medie sentencia judicial".
