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Los últimos de Nervión

Un inquilino desesperado cuelga una pancarta gigante para denunciar “acoso”

el 08 mar 2012 / 21:21 h.

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Federico Fazio, aguantando la pelota en presencia de Rakitic.

En el corazón de Nervión, en la calle José Luis de Casso esquina con Eduardo Dato, una pancarta gigante en la pensión Alfonso XI llama la atención: "Inquilino en situación de abuso por la propietaria. Utiliza todas las estratagemas y artimañas para echar a los inquilinos. Cuatro demandas en dos años. Soy el único que queda en esta solar. ¿Podré resistir?", reza en el cartel situado en todo lo alto de un edificio, la pensión Alfonso XI, rodeada por solares tras el derribo de cuatro casas que la rodeaban.

Una constructora compró los edificios ya tirados y el de la pensión, que Francisco Javier Herrera se niega a cerrar y abandonar. Lleva más de 40 años, casi toda su vida, en ella. En 1975 sus padres se hicieron con el arrendamiento del edificio de la pensión y, tras su fallecimiento, él es el titular. Es su medio de vida y el de su familia.

Herrera no quiso hacer declaraciones a este periódico para no "empeorar" la situación, pero sí reconoció tener "miedo". A su juicio, la propietaria le está "atosigando" para agotar su paciencia a base de denuncias judiciales. La empresa niega presiones o mobbing y lamenta la actuación del inquilino. Asegura que respeta sus derechos y que está cumpliendo con sus obligaciones de conservación del edificio.

En última demanda, cuyo juicio no será hasta el año que viene, la constructora Sando alega que el contrato de arrendamiento vence el 31 de diciembre de 2014 porque es comercial y, por tanto, por ley se extingue a los 20 años. Sin embargo, Herrera sostiene que en dicho contrato se incluye su vivienda y, por tanto, es residencial y no tiene fecha de caducidad. Él asegura vivir en la pensión que regenta. La empresa lo cuestiona.

Y si el contrato no vence hasta 2015, ¿por qué llevan su rescisión a los tribunales tan pronto? "Porque la Justicia es muy lenta y queremos que haya una resolución para esa fecha", alegan tras apuntar que pretenden hacer uso del terreno "para otros fines".

La constructora denuncia que Herrera no le permite entrar en el inmueble para ejecutar obras de seguridad y éste que le presionan con constantes visitas. Sobre la pancarta, la empresa advierte que no tiene autorización y que, evidentemente, no se responsabiliza de los daños que pueda causar. Para Herrera, es su derecho al pataleo.

Por ahora, la batalla judicial está abierta, si bien los primeros asaltos los ha ganado el inquilino, que fue denunciado por no pagar el IVA y, después, el IBI. Entonces, en 2010, una sentencia del juzgado de Primera Instancia 27 indica que el propietario cambió la forma de pago e intentó "impedir el normal cumplimiento de la obligación", que existe una "situación de abuso" contraria "no sólo a las disposiciones generales del Código Civil en materia de buena fe sino a la específica previsión del artículo 9 de la LAU de 1964, aplicable al contrato".

Herrera paga unos 1.000 euros por los 540 metros cuadrados del edificio donde tiene la pensión y la Justicia dirá si, en 2015, sigue o no allí.

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