Propietarios del sector F, parcelación que comprende las urbanizaciones de La Soledad, La Alegría y Santa Iglesia de Almensilla, reclaman el reinicio de las obras de urbanización, abandonadas en 2006, debido a "los diversos peligros" que el estado actual del terreno puede ocasionar y a la "marginalidad" que sienten frente al casco urbano.
Ismael Perea, presidente de la junta de compensación creada por los vecinos, explicó que las obras no podrán ejecutarse hasta que los promotores no aporten "los recursos materiales y económicos necesarios para ello".
La construcción de estas urbanizaciones, que se inició en la década de los 70 cuando se procedió a la parcelación y venta de la antigua Hacienda Miro, se ha ralentizado por su anterior carácter ilegal. De hecho, debido a la consolidación progresiva de un núcleo de población estable en la zona, la junta de compensación se creó en 1994 como herramienta administrativa para regularizar los terrenos, que no han adquirido legalidad hasta el pasado agosto de 2009.
Aunque en 2005 ya se acometieron obras en la zona, la irregularidad del sector provocó su paralización, y como consecuencia, la retención del préstamo de diez millones de euros que el Banco Santander concedió para este propósito.
Desde entonces, algunos vecinos denuncian el mal estado del sector F: "Aunque en 2007, durante una asamblea de la junta de compensación el alcalde prometió que iba a reiniciar las obras por motivos de peligrosidad, a día de hoy el terreno sigue sin asfaltar, lleno de socavones que incluso revientan las ruedas de nuestros coches, y con cables de electricidad tirados por el suelo con multitud de empalmes que nos impiden dejar a nuestros hijos jugar en la calle", señalan.
Según explica Perea, esta situación se ha generado por la dificultad de algunos vecinos para afrontar el pago del crédito, del cual se han empleado siete millones de euros: "Hay que pagar ese préstamo con sus respectivos intereses. La junta determinó tres meses para afrontar los gastos, desde el 25 de octubre de 2009 hasta el 22 de enero del presente año, pero algunas personas no cuentan con ese dinero y han tenido que pedir créditos personales, por lo que el plazo se ha prorrogado. Lógicamente, para urbanizar debemos saldar las cuentas", explica Perea, que además destaca que "el Ayuntamiento no tiene competencia en este asunto".
En este sentido, hay vecinos que sí piden la implicación de la Diputación o "de la Junta de Andalucía" -ayer se reunieron con el grupo popular -: "Sabemos que somos una propiedad privada y que debemos asumir los gastos que supone proyectar este terreno, pero contribuimos como urbanos, así consta en Diputación, por lo que les rogamos que hagan algo pronto", reclaman.
