Los vecinos y profesionales del centro de Sevilla, que se reunieron representados por 16 colectivos para definir posturas respecto al anunciado modelo de regulación del tráfico -que contempla multas de 90 euros a partir de septiembre para los vehículos que circulen por el centro sin la pertinente autorización durante más de 45 minutos-, llevarán a la jurisdicción judicial contencioso-administrativa el plan si el Ayuntamiento no los recibe en tres meses para explicarles los términos de la normativa.
Así lo indicó a Europa Press el presidente de la asociación de vecinos 'Torre del Oro' de El Arenal, Antonio Fernández, que defendió que ello se debería a la caducidad del plazo correspondiente según el procedimiento administrativo, y que el recurso, contra la división en cuatro zonas, se basaría en "la falta de participación y de medidas concretas para contrarrestar los efectos del plan".
Por el momento, Fernández recordó que los vecinos han acordado remitir un escrito a la corporación local en el que manifestarán "la ilegalidad de las actuaciones, ya que aunque estén dentro de su potestad tiene obligación de consensuarlo con los afectados", según los artículos 9.2 y 105 de la Constitución española, los artículos 69 al 72 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local o el Reglamento de Participación Ciudadana de 1999, entre otros.
Los residentes y profesionales del centro están dispuestos a llevar a cabo un calendario de movilizaciones si no son recibidos a corto plazo. En este sentido, el presidente de 'Torre del Oro' concluyó señalando que a las 10,30 horas de mañana representantes vecinales del centro serán recibidos por el Grupo municipal Popular.
Con la restricción, el centro quedará dividido en cuatro zonas -noreste, noroeste, sureste y suroeste-, con varias entradas y salidas cada una, todas ellas vigiladas por cámaras que identificarán la matrícula para detectar si el vehículo está o no autorizado. En total, habrá unas 13 entradas y unas nueve salidas reguladas de 8,00 a 22,00 horas, excepto festivos.
Las cámaras comenzarán a instalarse de forma inmediata y entre primavera y verano se harán los ajustes y las primeras pruebas, tiempo en el que se remitirán a los infractores notificaciones informativas, hasta que arranque oficialmente el plan en septiembre.
