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Macrojuicio a los líderes jornaleros

En el banquillo se sentarán Diego Cañamerio y Juan Manuel Sánchez Gordillo junto a otras 67 personas por la ocupación de Asociafruit.

el 07 mar 2010 / 10:36 h.

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Diego Cañamero y Manuel Sánchez Gordillo.

El Juzgado de Instrucción nº8 de Sevilla celebrará el 8 de junio un macrojuicio contra 69 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT, antiguo SOC), entre ellos su portavoz, Diego Cañamero, por presuntas coacciones y daños al ocupar la sede sevillana de la asociación de productores Asociafruit.

Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2008, cuando un centenar de militantes del SAT ocuparon la sede de Asociafruit en la avenida de Málaga de Sevilla para exigir que interviniese en la contratación de hasta 30 trabajadores que fueron despedidos de la finca La Jarilla por, supuestamente, estar afiliados o ser simpatizantes de dicho sindicato.

Fuentes judiciales han explicado a Efe que el juzgado de instrucción ha pedido el salón de plenos de la Audiencia provincial, el de mayor capacidad de los juzgados sevillanos, para esta vista en la que sentará en el banquillo a 69 personas, aunque solo ha previsto un día de duración.

Entre los acusados se encuentra el parlamentario de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, por lo que el caso fue visto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dictaminó que los hechos debían ser enjuiciados como una falta y no un delito.

Al tratarse de un juicio de faltas, la Fiscalía de Sevilla no presentará su calificación de los hechos hasta el momento de la vista, han añadido las fuentes.

La Policía Nacional desalojó a los ocupantes cuatro horas después y en el juicio van a ser acusados de coacciones por el tiempo que retuvieron a los trabajadores de Asociafruit, así como de daños al mobiliario.

El SAT aseguró entonces que los despidos en La Jarilla se produjeron como "represalia" por una sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla que obligó a la empresa a indemnizar al sindicato con 1.500 euros, al entender que se había vulnerado el derecho a la libertad sindical al "desconocer o no reconocer la existencia de la sección sindical y la condición de delegados sindicales designados por el SAT".

La empresa La Jarilla, que comercializa su fruta con la marca Royal, es una de las más importantes del sector en Andalucía, con una producción de 29.000 toneladas de fruta de hueso, entre otras.

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