La madre de una niña sorda de seis años de Sevilla, María José Abad, denunciará a la Junta de Andalucía porque se ve obligada a sufragar los gastos derivados de la contratación de una profesora de lengua de signos para que atienda a su hija en el colegio Buen Pastor de la capital.
Abad, que preside la Asociación para la Integración de las Personas Sordas (Aciso), ha explicado a Europa Press que los gastos derivados de la asistencia recibida por su hija en dicho centro concertado superan los 1.000 euros mensuales y asegura que la ley la ampara en su reivindicación.
"Yo quiero que mi hija tenga las mismas condiciones que el resto de los niños y nadie le puede impedir que sea así, la integración hay que hacerla real, no sólo escribirla en un papel", plantea esta madre, que añade que "no se puede tener una niña en un aula donde todo el mundo está hablando y ella no oye, se quedan dormidos y se hacen analfabetos".
En este sentido, ha concretado que actualmente existen dos centros preferentes para la integración de niños sordos, el colegio San Pablo y, desde este curso, el Elena Canel de Triana, pero "sólo tienen lenguaje de signos algunas horas, no están en las mismas condiciones que el resto de los niños porque en estos colegios hacen lo que pueden, pero no cuentan con medios humanos ni materiales suficientes".
Asimismo, recuerda que "la ley obliga a las administraciones a aportar sistemas alternativos para el desarrollo de la comunicación oral, los padres tienen derecho a solicitar que la ley se aplique y la administración tiene la obligación de facilitar los recursos", a lo que añade que "la ley está clarísima y habla de colegio públicos, privados y concertados".
Ante tal situación, más de un centenar de padres de alumnos con esta discapacidad se han concentrado este lunes ante la sede de la Delegación provincial de Educación de la Junta en Sevilla, donde Abad ha sido recibida por la responsable del Departamento de Necesidades Educativas Especiales, Carmen Liébana, quien ha responsabilidad al colegio Buen Pastor del problema concreto de su hija.
"Me han dicho que aportan una asignación económica de 25.000 euros al colegio para correr con los gastos que estamos pagando la familia desde hace tres años y que es el colegio el que no le da el destino correcto a esos fondos", señala esta madre, que afirma, no obstante, que desde la dirección del centro lo niegan. "Dicen que es mentira, que si no estuvieran empleado el dinero correctamente les habrían mandado una inspección", añade. Por tanto, Educación se ha comprometido a convocar una reunión en la que estén presentes tanto la madre de la menor como la dirección del centro con el objetivo de buscar una solución al caso.
Sin embargo, Abad asegura que continuará luchando por los derechos de estos niños: "tengo muy claro cuál es el derecho, cuál es la necesidad y cuál es su obligación y voy a seguir incidiendo, no va a ser ni la primera ni la última concentración".
"Tienen constancia del problema desde el principio, si me he decidido a convocar una concentración ahora es por aburrimiento, porque llevan tres años haciendo oídos sordos", reitera la también presidenta de Aciso, quien insiste en que hay muchos niños en la misma situación de su hija y "no todos se pueden permitir el lujo de pagar más de 1.000 euros al mes para tener un profesor de lengua de signos para ellos y hasta comprar el material que necesite".
