Madrid recurre al Supremo que la Junta tramite los permisos a los inmigrantes

El Gobierno popular de Esperanza Aguirre considera inconstitucional que el Estado traspase a las comunidades estas compentencias, previstas en los Estatutos de Andalucía y Cataluña.

el 23 sep 2009 / 19:01 h.

El Servicio Andaluz de Empleo tramitará los permisos a los inmigrantes

Los Estatutos de Andalucía y Cataluña introdujeron la competencia de tramitar permisos de trabajo a los inmigrantes y el Gobierno modificó el Reglamento de la Ley de Extranjería para darle cabida. Ahora, la Comunidad de Madrid lo recurre ante el Supremo al considerar que esa competencia debe ser exclusivamente estatal.

Madrid ha presentado un recurso contencioso–administrativo contra el Real Decreto del Gobierno por considerar que es “inconstitucional, vulnera la jerarquía legislativa y perjudica la eficacia de la Administración”, según explicó ayer el consejero madrileño de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández–Lasquetty. Aunque el decreto está en vigor desde julio, el traspaso de competencias no será efectivo hasta octubre, si bien el recurso no paraliza el proceso.

El Gobierno madrileño entiende que la Constitución “deja clarísimo que la competencia sobre extranjeros y flujos migratorios corresponde al Estado” y “a pesar de ello” los Estatutos de Cataluña o Andalucía –aprobado con los votos del PP– “incluyen esta competencia”.

El Estatuto andaluz estipula que corresponde a la comunidad autónoma “la competencia ejecutiva en materia de autorizaciones de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Andalucía, en coordinación con la competencia estatal en materia de entrada y residencia” y alude expresamente a ls “tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo”, que se conceden por un año vinculadas a contratos laborales.

El Real Decreto modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería para permitir, una vez se haga efectivo el traspaso, que los trámites para obtener la tarjeta se realicen en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo –comenzarán en una decena y se extenderá progresivamente a toda la red–en vez de en las subdelegaciones del Gobierno central, como hasta ahora.

Un sistema informático permitirá a la Junta y el Gobierno compartir información y se desarrollará un procedimiento único para cada solicitud. El objetivo es agilizar los trámites burocráticos en unos momentos en los que el paro azota especialmente a los inmigrantes y muchos corren el riesgo de volver a la irregularidad.

Para el Ejecutivo popular de Esperanza Aguirre, el Gobierno “ha quebrantado el procedimiento que establece el cambio normativo”, al modificar la Ley de Extranjería vía Real Decreto y generará un “caos burocrático” y un “desequilibrio” entre regiones, al considerar que la concesión estaría “sujeta a la arbitrariedad de cada comunidad”. Sin embargo, el Gobierno dijo que se emitirá una resolución conjunta de ambas administraciones y que esta competencia deberá ejercerse en coordinación con el Ejecutivo.

La norma también eliminó las restricciones por las que los permisos de trabajo sólo eran válidos para un ámbito geográfico y sectorial, con el fin de facilitar la recolocación de inmigrantes. Aunque el consejero madrileño criticó que si el inmigrante se muda, recaerán en otra comunidad los gastos de sanidad, educación y prestaciones sociales, el recurso excluye las disposiciones del Decreto que flexibilizan los trámites para renovar los permisos de residencia de inmigrantes en paro.

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