Si un alumno de 12 años grita, amenaza e insulta a su profesor, si se levanta de la silla y le propina una patada, el docente puede ordenar su expulsión del colegio. Pero también puede llamar a la Policía y denunciarle por un delito de amenazas y agresiones. El alumno iría a juicio y, si en vez de tener 10 años fuera mayor de edad, se enfrentaría a una pena de dos a cuatro años de prisión. Siendo menor, el juez le impondría una orden de alejamiento que le impediría acercarse a su colegio a menos de 500 metros de distancia. La administración tendría que escolarizarle en otra escuela y, llegado el juicio, el chico podría ser recluido en un internado, y sus padres condenados a pagar una indemnización al maestro.
Así están las cosas ahora. A efectos penales, cometer un delito dentro de una clase de Secundaria tiene las mismas consecuencias que cometerlo en la calle. Hace tres años que la Fiscalía General del Estado informó de que las amenazas y agresiones a un profesor dejaban de ser faltas y pasaban a ser delitos de atentado a la autoridad pública. Porque el docente, igual que el policía o el médico, es un funcionario público. Sin embargo, aun repitiéndose las mismas variables -alumno agresor, profesor agredido, denuncia, Policía y juicio-, si el suceso ocurriera en un colegio concertado o privado, los maestros no serían tratados jurídicamente como autoridad pública, porque no lo son. Por la misma razón que un concertado no puede compulsar una orden de expulsión sin permiso de la Consejería de Educación.
A pesar de todo, las instrucciones de la Fiscalía General no tienen rango de ley y pueden ser rebatidas en los tribunales. Para consolidar el blindaje jurídico-penal al profesor es necesario reformar el Código Penal, según fuentes judiciales consultadas, y esa competencia es exclusiva del Estado.
El PP andaluz va proponer en el Parlamento una Ley de Autoridad Pública del Profesorado semejante a la que Esperanza Aguirre hizo en Madrid, pero ambas iniciativas, en el plano jurídico, están cojas. Los populares saben que para incluir explícitamente la categoría de autoridad pública del profesor en un texto legislativo necesitan una ley orgánica. No basta con un decreto autonómico como el de Madrid, porque aunque lo aprobasen en una comunidad, la norma entraría en abierta contradicción con el Código Penal y expondría a todos los profesores que se acogiesen a ella a un proceso imprevisible. Es decir, tendrían las mismas posibilidades de ganarle el litigio al alumno que ahora, porque la normativa autonómica nunca sería determinante.
Con todo, el PP-A sigue adelante con su propuesta, que presentarán en el Pleno después de Semana Santa. La Junta ya tiene acotado el debate de antemano, porque este tema se discutió en el grupo de trabajo por la convergencia educativa, y se acordó reafirmar la "autoridad magistral" del profesor, que en términos jurídicos no aporta nada nuevo, pero que Educación utilizó, primero para visibilizar el respaldo del Gobierno andaluz al profesorado, y segundo, para contraatacar el discurso de la oposición, que les acusaba diariamente de abandonar a los docentes ante la violencia escolar.
Todas las instancias judiciales del país han sido preguntadas por este tema desde que Aguirre abrió el debate, y todas han dicho que ir más allá requiere reformas legales de gran calado. Si, pese a todo, el PP sigue adelante, es lógico entender que les resulta rentable mantener abierto este debate. La escuela es un universo heterogéneo. Siempre habrá a quien le agrade oír que cuando los alumnos no obedecen, es necesario obligarles por ley a comportarse. Otros encontrarán esperpéntico que se invoque a un policía, un fiscal y un juez para proteger la autoridad de un profesor. "A lo mejor tienen que discutir si les ponen uniformes a los maestros, como a los policías, en vez de a los niños", opinan desde la Fiscalía. En este tema, cada partido político se dirige a su público.
