Maeztu denuncia la trata de niñas inmigrantes con fines sexuales en Andalucía

El Informe Anual del Menor señala que el 23,9 % de los menores de 16 años vivía en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza

el 08 jul 2014 / 20:37 h.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, que ha presentado hoy el Informe Anual del Menor correspondiente al 2013, ha denunciado la situación actual de 51 niñas inmigrantes sin identificar en Andalucía posibles víctimas de la trata ilegal de menores. El defensor del Pueblo y del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, entrega al presidente del Parlamento autonómico, Manuel Gracia, el Informe Anual del Menor correspondiente al año 2013. EFE El defensor del Pueblo y del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, entrega al presidente del Parlamento autonómico, Manuel Gracia, el Informe Anual del Menor correspondiente al año 2013. EFE Maeztu, en rueda de prensa, ha reclamado una especial sensibilidad con la trata de menores en la que adquiere un especial protagonismo la perspectiva de género, ya que dos terceras partes de los afectados son mujeres y el 79 % de los casos está relacionado con fines sexuales. Asimismo, el defensor del menor ha instado a las autoridades a iniciar una hoja de ruta común que establezca medidas y respuestas concretas y coordinadas que faciliten, entre otras cosas, la identificación de las víctimas. Se trata de un negocio lucrativo que genera unos beneficios provenientes principalmente del comercio sexual (85 %) y que solo es comparable en rentabilidad con la trata de drogas y armas. El informe contempla una serie de asuntos a los que denomina relevantes: la trata de menores, la mediación familiar y la pobreza infantil. Así, se desprende del estudio que el 23,9 % de los menores de 16 años en Andalucía vivía en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza en 2012, lo que supone que casi una cuarta parte se encuentra en riesgo de pobreza. Este porcentaje es ligeramente inferior al registrado en 2011 (26,7 %) aunque si no se tomasen en cuenta las transferencias o prestaciones sociales, que contribuyen a reducir el número de personas en riesgo de pobreza, la cifra ascendería al 39,1 % de los menores. En cuanto al nuevo panorama de la mediación familiar, Maeztu ha pedido que se potencie la figura del mediador en la resolución de conflictos familiares para evitar que los menores tengan que involucrarse con el sistema judicial. Sevilla y Cádiz aparecen como las dos provincias que registran más quejas, mientras que Almería se sitúa como las que menos. En total, 1.049 familias han acudido a la Oficina del Defensor del Menor de Andalucía durante 2013, 400 de estas quejas se corresponden con temas de educación, 115 por asuntos familiares y el resto están relacionadas con necesidades de educación especial, menores en riesgo o problemas de escolarización, aunque estas últimas han descendido considerablemente con respecto al informe anterior.

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