Jesús Maeztu.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha elevado a la Oficina de la Defensora del Pueblo Español, dirigida por Soledad Becerril, las actuaciones incoadas por dicho departamento autonómico a cuenta de la queja promovida por IU-CA como consecuencia de los expedientes sancionadores tramitados por la subdelegación del Gobierno central en Sevilla contra tres militantes de IU-CA por supuestos actos "no pacíficos" durante una protesta celebrada en Espartinas.
En un escrito, fechado el 13 de abril y recogido por Europa Press, el departamento de Jesús Maeztu da cuenta de que al recibir "nueva documentación (...) específicamente referida a las actuaciones sancionadoras que se han incoado con motivo de la concentración pública del pasado 18 de octubre de 2013 en Espartinas, hemos entendido conveniente remitirlos como queja singular para su conocimiento y trámite ante la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales al afectar a actuaciones de la Guardia Civil".
Maeztu, no obstante, comparte "la preocupación por las consecuencias relatadas respecto del impacto de esta actividad sancionadora que pesa en su organización y las personas que han sido identificadas en las acciones de protesta".
Todo parte de la protesta celebrada el pasado 18 de octubre de 2013 en Espartinas contra la subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) incluida por el Gobierno municipal del popular Domingo Salado en la modificación de sus ordenanzas fiscales de 2014. Como consecuencia de la protesta, la Subdelegación del Gobierno, dirigida por la popular Felisa Panadero, incoaba expedientes por una "infracción administrativa grave" contra tres militantes de IU-CA entre los que figuran José María Calado y Juan Antonio Rodríguez, coordinador local de la formación y concejal de la coalición en el Consistorio, respectivamente.
Mientras IU-CA avisa de que estos expedientes podrían derivar en sanciones de hasta 30.000 euros para cada uno de los afectados, Felisa Panadero defendía la actuación de su departamento. Y es que, al margen de "la horquilla" de sanciones que contempla la legislación para el supuesto "comportamiento no pacífico" de estas personas durante la citada protesta, "la propuesta de sanción" contenida en los expedientes incoados contra estos tres militantes de IU-CA apunta a multas de "301 euros".
