Magdalena Álvarez, exconsejera andaluza de Economía y Hacienda y exministra de Fomento, declaró ayer como imputada por delitos de malversación de fondos y prevaricación en el caso de los ERE, y aseguró a la juez Mercedes Alaya que no llegó a conocer los reparos de la Intervención de la Junta a cómo se estaban dando las ayudas, negando que el Gobierno andaluz planteara alguna vez dotar al sistema de más agilidad. Nunca, respondió Álvarez, en un ambiente mucho más calmado de lo esperado para el encuentro entre la jueza y la hoy vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Alaya cree que el sistema de pago de los ERE, las llamadas transferencias de financiación (autorizadas por Álvarez en 2003), se usó como herramienta para permitir el menoscabo de fondos públicos al ser opacas y arbitrarias. Quince informes de la Intervención remitidos a la Consejería de Hacienda advirtieron de que las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias permitían un uso discrecional del dinero para los parados, y no era el procedimiento adecuado para estas ayudas. Como responsable primera del sistema, Alaya imputa a la exconsejera delitos de malversación y prevaricación. Sin embargo, la exresponsable de las cuentas andaluzas aseguró que al establecer el uso de las transferencias de financiación se limitó a adaptar la legislación estatal mediante un instrumento que ya se había usado antes, aunque con otro nombre.
Álvarez declaró durante tres horas ante la jueza, que le imputa haber sido una de las promotoras del procedimiento ilegal de ayudas sociolaborales que la Junta mantuvo de 2000 a 2011. Con el objetivo de dar mayor agilidad a las ayudas, la Junta instauró un sistema para eludir la fiscalización previa que llevó a un uso ilegal de fondos públicos, dice Alaya, que se otorgaban con absoluta discrecionalidad, de forma opaca e incumpliendo los principios de imparcialidad, transparencia y no discriminación.
El interrogatorio fue muy técnico y alejado de los choques dialécticos que la jueza ha mantenido con varios exaltos cargos de la Junta encausados, según abogados presentes, que explicaron que Alaya se dirigió a ella como señora Magdalena Álvarez y ésta le respondió como señoría. Salvo la reiteración de las preguntas, en algunos casos hasta seis veces sin que Álvarez modificase su respuesta, Alaya fue muy correcta, como confirmó la propia exconsejera, que afirmó haberse sentido muy cómoda en el interrogatorio. Había aspectos que aclarar y yo creo que han quedado aclarados, dijo al término de la sesión, evitando pronunciarse sobre el fondo de sus respuestas.
Del acta de la declaración, en cambio, sí puede desprenderse que Álvarez, que fue consejera de Economía durante diez años (1994-2004), dijo que nunca conoció los reparos que la Intervención ponía a las ayudas ni lo escuchó indirectamente. También negó que en el Consejo de Gobierno ni en la consejería se hubiese planteado dotar de mayor agilidad a los procedimientos de subvenciones, o que se hubiesen sentido presionados por los sindicatos ante la crisis de importantes empresas.
Ante la pregunta de si las transferencias de financiación se usaron eludiendo la fiscalización de la Intervención para no paralizar los expedientes, Álvarez lo negó y afirmó que el sistema fue una trasposición de la legislación estatal que ya se usaba bajo la denominación de subvenciones de explotación y capital en los años 90. Pese a sufrir un dolor de muelas, mostró una extensa documentación con la que negó que las decisiones durante su gestión, que definió como absolutamente transparente y clara, fuesen irregulares. De hecho, asumió que ha podid o haber un uso inadecuado pero no una presupuestación inadecuada. Tras su declaración, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta o el PP han pedido medidas cautelares contra ella. Sólo el sindicato Manos Limpias ha pedido una fianza civil de 125 millones.
