Magdalena Álvarez alega que su papel no era 'controlar' los gastos de Empleo

Recurre su imputación y alerta de que los hechos 'estarían prescritos'. Niega que la forma de pago sea ilegal 'salvo que se quiera imputar al Parlamento'.

el 11 sep 2013 / 21:15 h.

magdalena-alvarezLa vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, ha recurrido ante la Audiencia Provincial el auto del pasado 28 de junio en el que la jueza Mercedes Alaya imputaba a la exconsejera de Economía y exministra de Fomento porque durante su etapa en la Junta desde 1994 a 2004 “fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación”, una fórmula usada para el pago de las subvenciones a ERE bajo sospechas y contra la que la Intervención de la Junta alertó hasta en 15 informes por verla inadecuada para conceder esas ayudas. La defensa de Álvarez, ejercida por Horacio Oliva, señala en el recurso que en la etapa en la que Álvarez fue consejera la Intervención no hizo ninguno de esos informes y que dictó la norma a la que alude Alaya precisamente para dotar de más trasparencia y control esa figura que ya se usaba. Fue en una orden de 2003 por lo que “tanto el delito de prevaricación administrativa como el de malversación –que niega– estarían prescritos”. El recurso, que incide en la “indefensión” por el “déficit de concreción fáctica y jurídica” de los hechos imputados, deja claro que las competencias del departamento que dirigía Álvarez se limitaban a elaborar los presupuestos y no a “controlar la gestión de los gastos de cada consejería ni su concreto destino”. Concreta que de las ayudas “donde se localizan las irregularidades con presunta relevancia penal [...] habría de ser competente en todo caso, la Consejería de Empleo, que tenía en su mano la responsabilidad de la gestión de la correcta ejecución de las ayudas”. Insiste en que la fórmula para concederlas – las transferencias de financiación– puede discutirse si es “inadecuada” pero no “ilegal” porque estaba en la Ley de Presupuestos aprobada por la Cámara “salvo que quisiera imputarse por prevaricación al Parlamento andaluz en su conjunto”. Por ello pide anular la imputación en un auto que Alaya trasladó ayer al fiscal y al resto de las partes para que se pronuncien en el plazo de 5 días antes de pasarlo a la Audiencia para que dirima. En el auto recurrido, Alaya imputaba a 20 personas, entre ellas varios exaltos cargos de la Junta –que también lo recurrió– como los exdirectores de Presupuestos Antonio Lozano (hasta hace días viceconsejero de Presidencia) y Buenaventura Aguilera, citados a declarar la próxima semana. El abogado de ambos, José María Mohedano, señaló ayer que sus clientes tienen “voluntad de declarar” pero el aviso de Alaya de que era incompatible defender a ambos deja en el aire qué ocurrira, ya que Mohedano apeló a la Audiencia sin que hasta el momento se haya resuelto. Tras ellos están citados el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, el día 30, y el exdiputado socialista Ramón Díaz, el 9 de octubre. De momento no hay más, pese a las reiteradas peticiones del fiscal para cerrar un calendario para que declaren más de 70 imputados que áun no han pasado por el despacho de la jueza. La última petición la realizó el 1 de septiembre con un escrito en el que exigía expresamente citar a 19 personas que llevan más de dos años imputadas y alertaba del riesgo de que prescriban delitos. La prolongada instrucción de la jueza, que rechazó mantener dos jueces de refuerzo tras incorporarse de una baja de seis meses en marzo, motivó que el TSJA le pidiera informes periódicos de sus avances. Tras el primero, que Alaya envío en mayo, el TSJA la apremió a agilizar más las causas y delegar alguna al juez de refuerzo. El 31 de julio Alaya emitió su segundo informe en el que, según fuentes judiciales, da cuenta de que sigue avanzando sin concretar futuros pasos. La sala de gobierno del TSJA tomó conocimiento del informe el martes, sin que haya trascendido que esta vez haya habido tirón de orejas.  

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