Sin mostrarle la puerta directamente, pero dejando claro que no se va a pasar ni una en temas de corrupción, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, insistió ayer en la presunción de inocencia del portavoz del grupo municipal de esta coalición en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. La formación política andaluza se encuentra especialmente sensible este fin de semana por la celebración hoy del congreso provincial de un PCA al que los delegados acuden deseosos de hacer limpieza, para abanderar la resurrección ética y política de la izquierda. Ante esta tesitura, e interpelado por el caso de Torrijos, Maíllo señaló ayer que si bien considera al portavoz inocente de los hechos que se le imputan, hay que abordar cómo afrontar un hecho que no puede eludir el código ético de Izquierda Unida. En su opinión, hay que esperar a la declaración, como imputado, de Antonio Rodrigo Torrijos en el juzgado el día 18 de noviembre y, en función de eso, habrá que actuar.
El congreso provincial de la formación comunista coincide con la redacción de una carta que el sector crítico del PCA ha remitido a los altos cargos del partido tanto a nivel andaluz como nacional para pedir la dimisión de los imputados en el caso de la Fundación DeSevilla. De este modo, una veintena de cargos públicos, entre ellos muchos alcaldes y concejales de IULV-CA en la provincia de Sevilla y varios cientos de militantes, les han pedido a los secretarios generales de PCE y PCA la dimisión del secretario de organización y el secretario político provincial del PCA Sevilla, Miguel López Adán y Carlos Vázquez Galán respectivamente, imputados ambos en el caso de la Fundación DeSevilla.
En el texto, los firmantes aluden a un hecho que afecta profundamente a la dirección provincial del PCA de Sevilla; el secretario político provincial, Carlos Vázquez, y el secretario de organización, Miguel López Adán, están imputados por la comisión de los presuntos delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude en subvenciones, delitos contra la hacienda pública e infidelidad en la custodia de documentos en relación a la gestión a la Fundación DeSevilla. Los avances en la investigación judicial del caso que han generado una nueva imputación en nuestras filas, hacen imposible al conjunto de los militantes sostener nuestro discurso político ante la sociedad, al no tener ningún tipo de respuesta efectiva de la dirección, sostienen los críticos.
La carta añade una exigencia: Para garantizar un debate transparente, creíble y entendible por la sociedad, creemos que esta dirección provincial no puede, en estas circunstancias, dirigir un proceso congresual de estas características. Por ello proponemos que una comisión gestora plural, paritaria y representativa sea quien, con el apoyo de los órganos superiores, dirija los trabajos congresuales. Es este momento, toda vez que no se elige dirección provincial, el más adecuado para actuar de manera coherente y hacerlo conforme a nuestro discurso, firmemente instalado en la transparencia. Aquello que exigimos a la sociedad tiene que ser imperativo para nosotros. Por todo ello, pedimos a las direcciones andaluza y federal que soliciten (...) que cesen en sus respectivos cargos por su propio interés y el del proyecto colectivo, en tanto se resuelva el proceso judicial en que se encuentran inmersos.
