Mairena, Tomares y Bormujos, obligadas a volver al área conjunta del taxi

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el decreto que reincorpora a los tres municipios al servicio mancomunado, del que se salieron en 2009.

el 18 jun 2014 / 00:36 h.

  En el municipio de Tomares hay actualmente cinco licencias de taxis concedidas. / Gregorio Barrera En el municipio de Tomares hay actualmente cinco licencias de taxis concedidas. / Gregorio Barrera «Esto va a ser una guerra». Así define el presidente de la Asociación de Taxis de Mairena del Aljarafe, Jaime Domínguez, la situación que se dará a partir de hoy en las paradas de taxis de su localidad, y las vecinas Tomares y Bormujos, al publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el decreto –promovido por la Consejería de Fomento y Vivienda– que obliga a la treintena de licencias de las tres localidades a volver al Área de Prestación Conjunta del Taxi del Aljarafe. Y es que, según la orden, «no resulta adecuado que los tres municipios citados permanezcan, a efectos de transporte de viajeros mediante el servicio de taxi, como islas dentro de una estructura unificada que les rodea”, indica la orden. La vuelta al área de la que estos tres municipios se salieron en 2009 por «un mal funcionamiento» afectará sobre todo a los clientes, según Domínguez. En primero lugar, porque la obligación de volver sin previo aviso –tanto los taxistas de las tres localidades como los ayuntamientos se enteraron ayer de la noticia a través de los medios de comunicación– impide que haya unidad de precios e imagen –en referencia al escudo de los taxis– en el servicio de las 135 licencias que existe en todo el Aljarafe. Como consecuencia de esta falta de coordinación, mientras que un usuario pagaría 4 euros por carrera mínima los días laborables al coger un taxi mairenero, otro, al coger un taxi del Área de Prestación Conjunta, pagaría 4,42 euros por el mismo servicio. Además, las 135 licencias –33 de ellas de Mairena del Aljarafe, Tomares y Bormujos– operarían con emisoras distintas, explica Domínguez. Para facilitar la reintegración de los tres municipios al área, la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe aprobó ayer una serie de medidas transitorias. Entre ellas destaca el establecer un periodo transitorio de 30 días naturales desde la entrada en vigor de la orden. Durante los diez primeros días, las localidades de Bormujos, Mairena del Aljarafe y Tomares deberán presentar en el Registro de Mancomunidad la documentación relativa a los expedientes de las licencias de taxi, de titulares y asalariados que pertenecen actualmente a estos municipios, así como la localización de sus paradas y el número de vehículos que acogería. La veintena de días restantes, los titulares de las licencias de las tres localidades deberán revisar sus vehículos para unificar la imagen corporativa. En el caso de no hacerlo se procederá a la inmovilización del vehículo por parte de la Policía Local, tal y como se establece en las ordenanzas reguladoras del área. Pero ni los ayuntamientos de Mairena del Aljarafe –donde existen 24 licencias–, Tomares –con cinco– y Bormujos –donde hay cuatro, más dos en tramitación– ni los propios taxistas van a quedarse parados. De hecho, desde ayer los servicios jurídicos de todos los afectados por esta decisión estudian cómo recurrir la orden de la administración autonómica. Para los alcaldes de estos municipios, la orden de la Junta intercede en el municipalismo. Así lo asegura la alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso, quien no entiende cómo «por un lado la Junta protege el municipalismo ante la ley de la reforma local y por otro se mete en nuestras competencias». Los taxistas son los más perjudicados. Y es que, como indicaban ayer los pertenecientes a Bormujos en un comunicado, la consejera Elena Cortés «interpreta una ley de la forma más falsa», ya que no es cierto que haya mayor interrelación o afluencia de servicios con otros pueblos del Aljarafe, sino que tienen más relación «con Sevilla, destino que supone casi el 70 por ciento de las carreras» diarias. Critican que la medida supone la perdida de diez asalariados, que tuvieron que contratarse para cubrir el servicio.

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