Es lamentable comprobar lo intolerantes e ignorantes que se vuelven los representantes de la burguesía catalana, como Duran i Lleida, cuando hablan de subsidios de otros y callan sobre los privilegios que históricamente han disfrutado. La burguesía catalana y la vasca lograron imponer durante parte del siglo XIX y la mayor parte del siglo XX fuertes políticas proteccionistas para apoyar su industria.
Un proteccionismo que encareció los productos industriales de terceros países para obligar al resto de las regiones de España a adquirir los productos industriales catalanes y vascos. Trato de favor que costó muchos miles de millones que se embolsaron los industriales catalanes y vascos, lo que les proporcionó a su vez un enorme poder político gracias al cual pudieron imponer en todo el Estado un modelo que especializaba de forma muy desigual a los distintos territorios que lo componían. Y que concentraba en pocos lugares las fuentes más importantes de generación de rentas, dejando para otros la producción de productos de menor valor añadido, como las materias primas en el caso andaluz.
La connivencia de la oligarquía rentista andaluza con ese modelo es lo que condujo al lugar subsidiario y dependiente que ha tenido la economía andaluza en la España contemporánea. Colocando sus recursos fuera de Andalucía y renunciando a la modernización de nuestro campo y de nuestra industria porque le era más rentable vivir de la rentas, los oligarcas andaluces, principalmente terratenientes, alimentaban el desarrollo industrial catalán y vasco condenando a nuestra tierra y sobre todo a su población rural a la pobreza y el analfabetismo.
Esos privilegios, esa connivencia y la resistencia de nuestras clases dirigentes antes y en la democracia a llevar a cabo una profunda reforma agraria que modificara la estructura de la propiedad de la tierra son las principales causas de que todavía haya una población empobrecida en nuestro campo y que malvive trabajando más horas de las que pueda trabajar el Sr. Durán i Lleida en el Parlamento o en el lujoso hotel Palace en donde vive en Madrid, y obviamente a cambio de mucho menos dinero.
La pena no es que Durán i Lleida desconozca la historia sino que tenga que recurrir a argumentos demagogos y xenófobos para ganar unos cuantos votos en una Cataluña que los andaluces admiramos, entre otras cosas, porque tiene mucho de andaluza gracias a más de un millón de andaluces que pusieron su trabajo, tesón e inteligencia a su servicio.
Si hay algo que merezca crítica en el campo andaluz no es el PER, –7 euros al día para unos 200.000 jornaleros y jornaleras a cambio de un número mínimo de peonadas al año–, sino los 5.200 millones de euros anuales que reciben anualmente de la Política Agraria Comunitaria los grandes propietarios de las tierras, principalmente terratenientes, por dejar sus tierras sin cultivar, no dando así trabajo a los jornaleros. Pero esto no es un problema para Durán i Lleida ni para su partido. Los privilegios de los que siempre los han tenido no están en su punto de mira como suele demostrar cuando emite su voto en el parlamento, siempre reclamando privilegios para sí o para los grupos de más renta alta a costa de los derechos de otras comunidades. O como está demostrando su partido en Cataluña recortando gastos allí donde menos duele a los ricos y donde más daño hace a los que menos tienen.
