El Presupuesto de la crisis, el más complejo de la etapa autonómica según sus artífices, ha dormido en el Parlamento. La consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, entregó ayer a la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, unas cuentas cruciales para salir del hoyo. Para tapar los agujeros en unos números en los que la recesión ha hecho estragos, la Junta ha hecho encajes de bolillos. El endeudamiento, la cofinanciación público-privada de grandes obras y la deuda histórica son sus armas. Según Unicaja, 2009 pasará a la historia como el peor año para la economía andaluza desde los 80. Lo peor: el paro. Muchos organismos anticipan ya el millón de parados. El Gobierno andaluz no fecha en 2010 la recuperación económica. Prevé que la economía siga contrayéndose el 3,5% y se destruyan 50.000 puestos de trabajo.
En ese escenario, las cuentas autonómicas decrecen por primera vez respecto al año anterior. Ascienden a 33.738 millones. La caída es leve (26 millones), sobre todo en comparación con el desplome del 21% de los ingresos tributarios (2.681 millones). Para salvar el balance, la Junta ha agotado su margen de endeudamiento (2,75% del PIB) para acopiar 4.035 millones. El PP asegura que el Gobierno "hipoteca" el futuro. Las críticas de la oposición han sido duras. El margen de acuerdo con PP o IU en la Cámara es casi imposible.
Pero ni triplicando su deuda respecto al año anterior, ni beneficiándose de 1.350 millones extra desde el Estado por la nueva financiación autonómica ni respirando gracias a la moratoria que el Ejecutivo ha dado a las comunidades para devolver los anticipos a cuenta, se logra un incremento de las cuentas. Casi todas las consejerías han sufrido recortes. Las únicas a salvo son Educación, con un gran desembolso para aumentar las plazas de profesores (2.000 nuevos docentes); Igualdad, por la dependencia; las políticas de empleo; Sanidad e Innovación, que no bajan pero tampoco crecen, y Gobernación, por la subida de los fondos a los ayuntamientos. Se resienten Obras Públicas, Vivienda, Cultura y Medio Ambiente.
La inversión directa de la Junta bajará un 6,8% y alcanzará los 7.112,9 millones. Economía defiende que se mantendrá el mismo esfuerzo inversor en función del peso en el PIB andaluz (4,8%). Lo cierto es que el PIB caerá ese porcentaje (4%).
En infraestructuras, la inversión directa de la Junta caerá un 22%. El Gobierno amortigua y apunta una caída del 0,4%. ¿Cómo? Suma (por vez primera) la inversión de las empresas públicas -que ahora, tras un cambio legal, pueden endeudarse- y la participación del capital privado. La cofinanciación público-privada es la fórmula estrella a la que la Junta ha acudido para evitar frenar las grandes obras. Quiere cerrar con las constructoras esta línea de colaboración para movilizar 257 millones -184 para Obras Públicas- en 2010. El sector privado, asegura el Gobierno, está interesado, pero no hay ninguna operación cerrada.
Otra vía para sumar recursos es la deuda histórica. La Junta ha consignado 484 millones por este concepto. Es una partida fantasma. Aún no hay acuerdo firmado con el Ejecutivo de Zapatero para que libre esa cantidad, aunque el Estatuto ordena que se salde antes de la primavera. Los Presupuestos estatales abren la puerta a que se cobre en bienes, como suelo. Quedan por pagar 784 millones -300 se consignaron en 2009 y no se han cobrado-. Los 484 millones se repartirán entre sanidad (190,5), educación (148,6), vivienda (66,2), políticas sociales (35), medioambiente (14) e infraestructuras (29 millones). Hasta ahora, el Gobierno siempre ha defendido que el destino de la deuda era sanidad, vivienda y educación. Ahora cambia el discurso. Martínez Aguayo negó que la deuda tenga "una vinculación finalista" y dijo que "no hay obligación legal" de destinar ese dinero sólo a esas partidas.
La Junta se aprieta el cinturón y congela sus gastos en publicidad, teléfono o protoclo. Se frena en seco la oferta de empleo público y se congelan los sueldos de los altos cargos. Se recortarán las nóminas a los directivos de algunas empresas públicas. Aunque se salvan algunos, como el director de la RTVA, el mejor pagado con 139.345 euros. La inyección de dinero a las empresas públicas cae 212 millones.
