Pese a sus escasos 30 años, esta joven nacida en Archidona (Málaga), tiene un currículum reconocido y merecido en materia de defensa de los derechos de los inmigrantes. Manmen Castellano, a punto de dar a luz a su segundo hijo, es presidenta de una de las asociaciones punteras en esta materia, Andalucía Acoge (con sede central en Sevilla), que está volcada en dos campañas muy concretas: la regulación del trabajo doméstico y el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). [Nota: tras hacerse esta entrevista, el Gobierno ha anunciado que los policías en los CIE sólo podrán desempeñar labores de seguridad. Derechos 1-CIE 0].
-¿Qué le gustaría decirle a su hijo que es la inmigración?
-Me gustaría explicarle que la inmigración es cultura, diversidad, que hay que intentar conocer al otro porque eso significa enriquecerse. Yo he aprendido un montón de todas las personas inmigrantes que he conocido.
-¿Este país es xenófobo?
-Hay de todo. Por historia, deberíamos ser más abiertos. Pero no hay que generalizar. En determinadas zonas, sí pueden saltar más conflictos xenófobos que en otras. Lo importante es no dejarnos llevar. Si escuchamos en el ambulatorio que la sanidad está colapsada por culpa de los inmigrantes, debemos contestar. Tengo familiares muy cercanos que han cambiado de opinión cuando han conocido a inmigrantes. El reto que tenemos como país es saber gestionar la diversidad y la integración mutua.
-¿Qué responsabilidad tienen los políticos a la hora de gestionar la inmigración y los conflictos que surjen?
-Hay tres factores a la hora de hablar de responsabilidades: el político de discursos populistas que hacen mella en la ciudadanía; los medios de comunicación; y la responsabilidad individual. Estar comprometidos con la inmigración requiere no ser cobardes y denunciar las situaciones que veamos que son injustas.
-En Andalucía afrontamos elecciones autonómicas, ¿qué reclaman al nuevo Gobierno?
-De cara a las municipales ya hicimos un decálogo de las políticas que creemos que deben fomentarse en relación con la inmigración. Hay que trabajar con la ciudadanía en la igualdad de derechos, que no se distinga a las personas por el lugar de procedencia. Hay que avanzar en la normalización de los servicios y formar a los técnicos para que se le dé espacio a los inmigrantes.
-¿Cómo valora el certificado de españolidad que implantará el PP?
-Ya existe por la actual Ley de Extranjería el curso de esfuerzo de integración. En Andalucía está a punto de salir la orden que lo regula. Ese esfuerzo que hace el inmigrante debe convertirse en el futuro en algo bidireccional, es decir, todos debemos hacer un esfuerzo de integración, no sólo el inmigrante. Estos cursos deberían estar dentro del sistema educativo porque todos debemos conocer la Constitución, no sólo los inmigrantes.
-Además de ese esfuerzo de integración, Andalucía Acoge está volcada desde hace meses en la campaña para que se cierren los CIE.
-Este problema se ha evidenciado más en los dos últimos meses como consecuencia de las muertes que se han producido, pero lleva siendo una realidad desde hace 20 años.
-Piden su cierre pero ¿cuál sería el mínimo que exigís en caso de que el Gobierno ponga el foco sobre este asunto?
-Hay que centrarse en el máximo: hay que cerrarlos. No se puede privar de libertad a nadie por una falta administrativa. Es como si me encierran a mí por una multa de tráfico. Es necesario que todos los centros tengan un reglamento de funcionamiento, que éste no quede a la discrecionalidad del policía o director de turno. En Algeciras, por ejemplo, tienen como orden interna desnudar a todos los inmigrantes cuando llegan al centro. En Málaga, los policías llevan armas si así lo quieren.
-Empecemos por el principio, ¿qué es un CIE?
-Son centros que se crearon con la Ley de Extranjería de 1985 y donde van inmigrantes que han cometido delitos pero también aquellos a los que han cogido sin documentación, y todos ellos con órdenes de expulsión. Los inmigrantes en estos centros están privados del derecho a deambular. La Ley dice que los CIE no son cárceles pero en la práctica son peores que éstas. En Algeciras, el CIE se montó en la cárcel antigua que cerraron porque no reunía las condiciones para serlo. En Málaga, está ubicado en un antiguo cuartel de la Guardia Civil...
-Han tenido que registrarse muertes para que al final se tomen cartas en el asunto.
-Ha habido muertes antes, lo que ocurre es que estas últimas han sido más graves porque han sido por falta de asistencia médica. Pero quiero recordar que en el CIE de Málaga se han producido abortos, suicidios, abusos sexuales... Los inmigrantes que han estado en un CIE prefieren no volver a hablar de lo que allí vivieron.
-¿Qué dice la UE sobre esto?
-Cuando se planteó la directiva de la vergüenza, España tenía fijado en 40 días el máximo plazo de internamiento. Se plantearon 18 meses y en España nos escandalizamos, pero resultaba que esto mejoraba la situación que se vivía en otros países donde el plazo máximo era de tres años e incluso en algunos, ilimitado. Lo que ocurre ahora es que a veces son tan precipitadas las expulsiones que se está privando a las personas de defenderse. Se ha llegado a ordenar la expulsión de personas casadas con españoles, de padres con niños españoles en la misma escalerilla del avión...
-¿Cómo ha endurecido la crisis la situación de los inmigrantes?
-Todo se agrava. Si pierden el empleo, pierden la documentación y con ella no pueden empadronarse, no pueden acceder a la sanidad, la educación... Además no tienen las redes sociales de las que disponen los españoles, con sus familias cerca. Padecen la crisis y encima en soledad. Estamos viendo cómo familias enteras que ya tenían su vida hecha aquí, con vivienda, colegios, etc, vienen de nuevo a nosotros a pedirnos ayuda para lo básico: comer y vestirse. Fue un error reformar la Ley de Extranjería en el año 2009. Se desvió el foco de la crisis a la inmigración. La actitud de los políticos no ha facilitado la integración. Ante la falta de recursos, ante la competencia por ellos, se buscan culpables, y siempre lo es el que tenemos enfrente, el inmigrante. Perdemos de vista a quién tenemos que exigirle responsabilidades por la crisis. Al final el inmigrante se ve abocado a volver a su país de origen después de haber hecho un plan de vida aquí en España. Eso desmorona psicológicamente a cualquiera.
