El sindicato Manos Limpias solicitó hoy al Tribunal Supremo que abra juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional, al que acusa de haber cometido un delito de prevaricación en sus investigaciones de las desapariciones del franquismo, por el que solicita una pena de 20 años de inhabilitación. En opinión del colectivo de funcionarios, Garzón abrió una "causa general" con la que pretendía "dar justicia a los vencidos en la Guerra Civil, dando por cumplida y satisfecha la de los vencedores".
En su escrito de acusación, de 86 páginas, Manos Limpias sostiene que en todas sus actuaciones, el magistrado de la Audiencia Nacional "era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad".
Por ello, solicitan al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular.
Según el sindicato --uno de los tres querellantes en esta causa junto a la Falange de las JONS y la asociación Libertad e Identidad--, "el momento culminante de la antijuridicidad" cometida por el magistrado es su auto de 16 de octubre de 2008" en el que, contra el criterio del fiscal, declaró la competencia de la Audiencia Nacional para la investigación y enjuiciamiento de los hechos denunciados por asociaciones de memoria histórica.
"Antijuricidad" de sus resoluciones
No obstante, señalan que esta "antijuridicidad" se manifestó también en otras resoluciones, como el auto de 19 de diciembre de 2006 por el que incoó diligencias previas y su resolución de 18 de noviembre de 2008, en el que se inhibió a favor de múltiples juzgados tras declarar extinguida la responsabilidad de diversas personas por el concreto 'delito contra altos organismos de la nación y la forma de Gobierno'".
Según Manos Limpias, todas estas resoluciones son injustas por infracción del ordenamiento jurídico-penal, al haber sido dictadas "en fraude de ley, eludiendo normas aplicables y procurando la aplicación de otras no procedentes"; porque se aplicaron retroactivamente disposiciones sancionadoras y se vulneró el sistema de fuentes de derecho y el principio de legalidad en materia penal, mediante el empleo de convenios internacionales no aplicables.
Igualmente, alegan que se resolvió la persecución de delitos manifiestamente prescritos, no se respetó el principio de legalidad, al dejar sin aplicar la Ley de Amnistía, y se incumplieron las normas de competencia establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Da por desaparecidas a personas muertas
En concreto, los querellantes denuncian que Garzón utiliza recurrentemente el argumento de "dar por desaparecidas a personas que materialmente sólo pueden estar muertas" para salvar los "escollos" que le supone la ley y justificar la imprescriptibilidad de los delitos, evitar la aplicación de la ley de amnistía y mantener su competencia.
"El magistrado es consciente de que los delitos de asesinato y homicidio están prescritos y sólo acudiendo a la ficción de considerar vivas a las personas listadas como desaparecidas en la guerra pretende enmascarar la prescripción de tales delitos", explican los querellantes.
En opinión de Manos Limpias, transcurridas décadas de los hechos, "no puede existir cabeza alguna en la que quepa pensar que alguna de aquellas personas desaparecidas continúe privada de libertad". En realidad, argumentan, aunque Garzón fundamenta su actuación en la persecución de un delito de detención ilegal, "lo que persigue son cadáveres y no personas desaparecidas".
Por lo que se refiere a la ley de amnistía, sostiene el escrito que sólo "desde una ignorancia jurídicamente inexcusable cabe equiparar" la amnistía aprobada por las Cortes españolas "con cualquiera de los supuestos de amnistía unilaterales o autoamnistías a las que suelen referirse aquellos instrumentos internacionales y las decisiones de órganos de esa naturaleza" de los que se sirvió Garzón.
Revisar las guerras carlistas
Manos Limpias reconoce que el pasado de España "está jalonado de hechos horribles acaecidos en momentos históricos en los que no existía un mínimo respeto hacia la legalidad y la protección de los derechos del hombre", pero advierte de que "aceptar regates jurisdiccionales como el que pretende el querellado permitiría abrir la investigación judicial de crímenes como las desapariciones en la Guerra de la Independencia, los de las Guerras Carlistas o las persecuciones por motivos religiosos".
El sindicato defiende que la finalidad de "procurar reparaciones y satisfacciones para las víctimas de los horrendos hechos origen de la causa" es "loable", pero subraya que esa "encomiable finalidad" no puede justificar "la incoación y prosecución de una causa penal".
"Ha de considerarse que los hechos que la originaron han dejado de tener relevancia penal al tiempo de la denuncia de la situación ilícita, y la admisión de tal denuncia puede calificarse, por tanto, como arbitraria", concluyen.
Finalmente, y en relación al elemento subjetivo 'a sabiendas' que incluye el delito de prevaricación, Manos Limpias argumenta que en todas las "irregularidades" denunciadas queda "claramente de manifiesto el perfecto conocimiento que el magistrado tiene acerca de las normas que elude".
Es consciente de que rechazó investigar Paracuellos
Además, sostiene que Garzón también es "consciente de que en el pasado inadmitió a trámite una querella dirigida a conocer hechos ocurridos durante la Guerra Civil". El escrito de acusación del sindicato comienza recordando cómo el magistrado de la Audiencia Nacional no admitió la denuncia de los crímenes cometidos en Paracuellos del Jarama, en la que se pedía responsabilidades, entre otros, a Santiago Carrillo. "No se trata de un olvido pasajero, sabe que rechazó una causa análoga", insisten.En opinión del sindicato, no sería "razonable" creer que hasta ahora ha habido "una especie de conspiración de silencio de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el del Ministerio Fiscal, por no citar a las organizaciones ciudadanos que, antes y después de la Constitución, han mostrado una encomiable sensibilidad frente a la masacre y a la tragedia que para los más elementales derechos humanos supuso la Guerra Civil y la dictadura que le siguió".
