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Mantienen la imputación a los tres acusados del caso ‘Faisán’

La Audiencia ve indicios de colaboración con ETA por el chivatazo.

el 05 abr 2011 / 20:24 h.

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Un fotógrafo toma imágenes de la entrada del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa).
La Audiencia Nacional ha acordado rechazar la petición de la Fiscalía de retirar el delito de colaboración con organización terrorista a los tres imputados por el chivatazo policial a ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún, lo que permitirá que la causa continúe investigándose en este tribunal.


En un auto dictado ayer, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal confirma, con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que la decisión de Ruz de imputar un delito de colaboración con organización terrorista al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y los otros dos imputados "no fue arbitraria, en vacío, irrazonable o incursa en un error patente", ya que esta calificación "en absoluto parece descartada" de forma "provisoria e indiciaria" a partir del resultado de la instrucción.


Los magistrados de la mayoría, Fernando García Nicolás (presidente) y Julio de Diego (ponente), sostienen, en contra del criterio del fiscal Carlos Bautista, que "no es necesario comulgar con las finalidades de la organización" para sostener "la existencia del tipo delictivo", ni excluir a miembros del Cuerpo Nacional de Policía de su comisión por "su perfil profesional".


A este respecto, recuerdan que el chivatazo del caso Faisán tenía la intención de "evitar la detención de presuntos miembros de ETA, así como de otras personas presuntamente relacionadas con ella a través de la red destinada a la recaudación del llamado impuesto revolucionario". De hecho, añaden los jueces, con la delación "las detenciones al final se evitaron" y no se pudo "intervenir una cantidad de dinero".


El auto recuerda una sentencia dictada por el Supremo en diciembre de 2010 en la que se estableció que "la esencia del delito de colaboración con banda armada consiste en poner a disposición de la misma, conociendo sus métodos, determinadas informaciones, medios económicos o de transporte, infraestructura o servicios de cualquier tipo". El alto tribunal también estableció el carácter "doloso" e "intencional" de este delito, ya que constituye una "ayuda externa" por parte de "quienes, sin pertenecer a ella, les proporcionan su voluntaria aportación".


Sin embargo, el juez José Ricardo de Prada, en su voto particular, defiende que acciones como el chivatazo a ETA tienen "plena justificación" en el marco de "un proceso de negociación política o de un proceso de paz". A su juicio, la actuación "pertenece a un sector o lugar del ordenamiento jurídico distinto del estrictamente penal" que permite establecer "acercamientos con grupos terroristas para obtener el cese de su actividad".

"Es en este plano, en el de posibles negociaciones políticas, donde se encuentran legitimados los gobiernos de los estados a disponer de un determinado ámbito de actuación, en el que sin infringir normas jurídicas que impliquen una quiebra del Estado de Derecho, les permitan llevar adelante acciones tendentes a obtener resultados que quedan indiscutiblemente bajo lo que son las obligaciones de todos los gobiernos", señala.

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