Manuel Calderón, vecino de Gerena condenado a ir a prisión por no derribar en tiempo su vivienda ilegal, tendrá que ir finalmente a la cárcel antes de 10 días pese a haber iniciado el pasado martes la demolición. Lo reseñó ayer así en su escrito la titular del Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla.
Con algunos minutos de retraso llegaron hasta los juzgados de Sevilla el condenado y su mujer, que se enfrentan a una sentencia sin precedentes en la provincia. "Nos hemos retrasado para traerle los máximos documentos posibles a la jueza, pero no ha servido de nada". El matrimonio salía muy decepcionado de su comparecencia ante la jueza encargada del caso, Encarnación Gómez Caselles. "Le hemos aportado resoluciones de otros casos y los planes de urbanismo, además de fotografías del comienzo del derribo, pero le da igual lo que presentemos", se lamentaron.
La Audiencia de Sevilla ratificó la resolución emitida por el Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla acordando la prisión de este hombre al incumplir la orden de demolición de una vivienda, una nave y una piscina ilegales en el paraje conocido como Las Perreras y Mesa Carrasco, impuesta en sentencia firme en noviembre del año 2007 por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y que le obliga a cumplir seis meses de prisión. Según el escrito de la jueza, "debe entrar en el juzgado más próximo antes de 10 días", que cuentan desde ayer.
Pese a que reconocen que deben tirar la construcción -"pero seguiremos viviendo allí, meteremos los muebles en un contenedor y viviremos como sea"- lo que más le duele al afectado es el agravio comparativo. "Ha habido sentencias de absolución de otras personas con casas en el mismo lugar. ¿Por qué? Hay otra persona con una sentencia como la mía, incluso anterior, y no va a entrar en prisión", expuso.
El inicio apresurado un día antes de comparecer ante la jueza del derribo se debe a que ésta les de advirtió de que "si no habían empezado a demoler" tendría que entrar ya en prisión. Sin embargo, no les sirvió de mucho en su comparecencia enseñarle las fotografías de que ya estaba en marcha la demolición para que cambiase de opinión. "Tiene que estar todo derribado antes del día 10", aseguró el hombre, aunque a su esposa le parece "muy poco tiempo" para demolerlo todo sin destruir los muebles y el resto de los enseres que poseen.
Las posibilidades que les quedan para que pueda librarse de entrar en la cárcel son casi nulas. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y aunque en el ánimo y en la actitud de la jueza no vieron visos de solución -"dice que se va de vacaciones el día 31 y para entonces tiene que quedar todo cerrado"- todavía confían en presentar antes del día 10 un certificado de los técnicos del Seprona en el que se señale que ya está todo derribado, como exigía la sentencia de 2007, "y que la jueza rectifique".
Con el documento que certifique que la parcela vuelve a su estado original tras la demolición de las edificaciones, el abogado de la familia presentará un recurso los próximos días sobre la entrada en prisión.
