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"Mar Moreno apoyó la moción en Marbella"

La exedil socialista García Marcos apunta a la consejera de Presidencia como responsable de la moción de censura contra Muñoz.

el 15 feb 2012 / 20:13 h.

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El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, y la exedil socialista Isabel García Marcos, ambos acusados en el caso Malaya, protagonizaron ayer un careo sobre presuntos pagos irregulares. El principal procesado sostuvo lo que ya declaró, que entregó sobres con dinero a los responsables de los grupos políticos que formaron el equipo de Gobierno para evitar el transfuguismo, entre ellas a la exconcejal, quien lo negó.


El ministerio público preguntó a García Marcos por la moción de censura contra Julián Muñoz y ella negó que recibiera dinero por apoyarla. "Es una forma absolutamente legítima para llegar a tener una responsabilidad de gobierno, se ha hecho en multitud de ayuntamientos y no sé por qué se pone en duda la de Marbella y no del resto de organismos públicos donde se ha planteado". Explicó cómo el grupo municipal socialista "respaldados por el PSOE, en concreto por el secretario de Política Municipal provincial, Salvador Pendón, y por la secretaria de Política Municipal, doña Mar Moreno, fuimos apoyados en una iniciativa que se planteó y fue sorpresiva para todos, como fue sorpresiva una derrota de los partidos políticos tradicionales, ganando una vez más por mayoría absoluta el partido GIL". La consejera de Presidencia negó tajantemente las acusaciones de la exconcejal socialista y dijo que es "radicalmente falso" que el PSOE respaldara la moción de censura.


La ex primera teniente de alcalde explicó que cuando se barajó la moción la comunicó "inmediatamente a las personas del partido que antes le he dicho" y señaló que le pareció "normal que el PSOE quisiera apoyar esa moción de censura".


los cargos. Anticorrupción señala que García Marcos habría recibido de la sociedad Maras Asesores, vinculada a Roca, 312.000 euros y le acusa de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, cohecho pasivo y alteración del precio en concursos y subastas. Pide para ella 12 años de prisión y 23 años de inhabilitación.

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